En los últimos días hemos conocido una de esas noticias que generan ruido político, molestia ciudadana y un poco de incredulidad. Por un lado, la Dirección de Presupuestos anuncia recortes relevantes a gobiernos regionales —varios de ellos liderados por autoridades de oposición— y, por el otro, se revelan los millonarios bonos entregados a más de 60 funcionarios de la propia DIPRES, algunos entre 8 y 12 millones de pesos solo en incentivos. Una mezcla curiosa: tijera para las regiones, pero cheques robustos para la administración central.

Conviene aclarar algo desde el inicio, pagar bien en la administración pública no solo es legítimo, sino necesario. Si el Estado quiere competir con el sector privado por profesionales de calidad, tiene que ofrecer condiciones que atraigan talento y que retengan a quienes poseen la experiencia y la especialización que la gestión pública requiere. Sueldos competitivos, incentivos por función crítica y bonos que reconozcan resultados son herramientas técnicas que, en principio, cumplen un objetivo sano: asegurar que los cargos clave no queden en manos de improvisados.

El problema surge cuando esos mismos bonos se pagan a autoridades que no han dado el ancho en sus funciones, cuyos errores han sido evidentes y comentados por todos. Ahí la ironía se vuelve insoportable, se premia con recursos públicos a quienes, en la práctica, han perdido credibilidad con sus propias decisiones. No es extraño que la noticia sea escandalosa, lo extraño sería que pasara inadvertida.

No se trata solo de montos, sino de legitimidad. Los incentivos en el sector público solo funcionan si están asociados a resultados medibles y a una gestión eficiente, donde se corrigen los errores. Cuando se convierten en un derecho adquirido, más parecido a un pago rutinario que a una recompensa por mérito, dejan de ser una política de recursos humanos y se transforman en un símbolo de privilegio. Y en paralelo, mientras regiones enteras deben ajustarse el cinturón, el contraste se vuelve caricaturesco: recortes en regiones, bonificación en Santiago.

Es necesario recordar que cada peso mal gastado en incentivos sin mérito es un peso que se deja de invertir en servicios para la ciudadanía. Y que cuando se insiste en premiar el desempeño mediocre, se envía un mensaje peligroso: el Estado no distingue entre quienes cumplen y quienes no lo hacen. Difícil imaginar mayor desincentivo para los buenos profesionales que aún creen en la función pública.

La conclusión es clara: defender buenos sueldos para los funcionarios públicos es sensato y responsable, pero defender bonos millonarios para quienes han multiplicado los errores es sencillamente impresentable. Porque una administración moderna no solo debe pagar bien, sino que también debe rendir cuentas. De lo contrario, estaremos consolidando un sistema que remunera la mediocridad y que se sorprende, con aires de ingenuidad, cuando la ciudadanía deja de confiar en sus instituciones.

por Bárbara Bayolo

El Dínamo

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El asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre pasado, durante un acto en Utah Valley University ante alrededor de 3.000 asistentes, es más que un crimen repudiable en sí mismo, como todo homicidio. Tiene connotaciones que nos hablan de un fenómeno creciente en el ámbito de expresión de las ideas, donde la intolerancia está llegando a un apogeo cada día más difícil de contener.

Desde hace algunos años, la confrontación de conceptos ha ido quedando progresivamente bajo la sombra de la sospecha y en distintos medios no se responden las propuestas contrarias sino se aspira a confundir al auditorio, desinformar o directamente, acallar. Quienes se manifiestan en una dirección no reciben argumentos que lo refutan sino insultos o eslóganes.

Está ocurriendo en el mundo político, donde a través de las redes sociales y las fake news, se distorsiona la verdad bajo una apariencia de autenticidad que, aun cuando se desvirtúe en el tiempo, logra dañar la imagen del afectado. Lo vemos en nuestras elecciones presidenciales, pero es un fenómeno universal.

Más grave todavía es advertir que en la academia sucede algo similar. Durante años hemos presenciado en universidades americanas y europeas una influencia de la izquierda intelectual excluyente del pensamiento tradicional o divergente con esas corrientes, empobreciendo el estudio y la formación de estudiantes. Lo ilustra el caso de Estados Unidos, donde hoy intentan revertir políticas de administraciones anteriores que impulsaban fórmulas identitarias de modo preceptivo, el “wokismo”, con otras medidas de signo adverso. No hay espacio para la vieja disputatio.

Lo descrito en estos casos ejemplifica el punto de fondo: las ideas contrarias no se aceptan ni respetan, solo cabe imponer las propias.

De ahí que quienes encarnen posiciones concretas sean objeto de cancelaciones o funas, buscando su descalificación personal, debilitando su autoridad ante la sociedad, lesionando su honor y dignidad personal. De la confrontación de ideas se pasa a la destrucción de la estima y honor de quien las sustenta, intentando así sofocar su difusión y atemorizar a quienes reclaman su derecho a pensar. Así se van “normalizando” conductas que concluyen inhibiendo la libertad de expresión y pavimentando el camino de la retórica autoritaria, poniendo en jaque uno de los pilares de nuestra civilización: la libertad.

Al final del día, el asesinato de Kirk no es otro atentado político más, en la interpretación de algunos que pretenden banalizar lo que se esconde detrás, como ocurre con frecuencia. Sucedió en Chile cuando mataron a Jaime Guzmán, que no fue únicamente el burdo propósito de silenciar una voz: fue la prueba de voluntad de quienes querían interrumpir la transición a la democracia, que afanosamente se instalaba luego de haber sufrido las consecuencias del quiebre institucional más profundo de nuestra historia.

La muerte de Charlie Kirk debe leerse en otra clave de reflexión. Lo sintetiza con abismal claridad Goering al decir: “Cuando oigo hablar de cultura, saco la pistola”.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario

La Tercera

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Por Bárbara Bayolo

La Tercera, 6 marzo 2025

Está semana se retomó la actividad legislativa y -a pesar de que solo le resta un año- el Gobierno ha decidido priorizar una agenda desconectada de la realidad y las urgencias sociales, promoviendo proyectos sobre aborto libre, fin al CAE y una eventual nueva reforma tributaria.

Es alarmante que en medio de una crisis de seguridad, empleo y finanzas fiscales se insista en avanzar en estos temas. En efecto, los índices de delincuencia siguen en aumento, la seguridad se ha convertido en una preocupación constante y prioritaria para los ciudadanos; el mercado laboral no ha logrado recuperarse; y las finanzas públicas siguen siendo un tema recurrente, pero no por las acciones correctivas que el país necesita, sino por la ineficiencia de la Dirección de Presupuesto y la falta de visión para resolver los problemas que enfrenta nuestra economía.

La obstinación del Gobierno en promover estos proyectos refleja su falta de liderazgo y una preocupante tendencia a perseguir agendas ideológicas que, lejos de priorizar las urgencias reales del país y dar soluciones concretas a los problemas que afectan día a día a las familias chilenas, privilegian consolidar su base de apoyo dando en el gusto a su electorado más duro.

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Por Jorge Jaraquemada

CNN Chile, marzo 2025

Como de costumbre, casi entrando al último año de gobierno se ha comenzado a discutir respecto del legado que dejarán el presidente y su gobierno. Entre otras medidas, se han mencionado la recién aprobada reforma al sistema de pensiones, el nuevo ministerio de seguridad, la ley que redujo a cuarenta horas la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y el acuerdo con el gremio de profesores por la llamada deuda histórica. Sin embargo, un legado político debe ser evaluado desde la dimensión de la acción (obras y/o políticas públicas) y de su relación o coherencia con los principios desde los cuales se construye el proyecto político que inspira al conglomerado que gobierna y que éste aspira a plasmar en su administración.

Si se revisan las políticas públicas del gobierno frenteamplista y los proyectos mencionados cuesta encontrar —salvo en la reforma a las pensiones— una relación entre lo impulsado y aprobado y las urgencias ciudadanas más acuciantes. Veamos. Disminuir las horas de trabajo sin resolver ni generar incentivos para un país que necesita producir y crecer, no parece una gran solución. Un ministerio de seguridad no es por sí mismo una buena noticia, los resultados habrá que verlos en el tiempo y probablemente no serán visibles durante lo que queda de esta administración. Por lo demás, el Estado chileno ha crecido desde el retorno a la democracia sin generar necesariamente soluciones eficaces a los problemas públicos; se podría incluso sostener exactamente lo contrario. El horizonte del acuerdo con el colegio de profesores apunta a un nicho muy específico y propio, como también se intentó con la condonación del CAE. Y la reforma de pensiones implicó un trabajo de aunar voluntades entre Chile Vamos y el oficialismo. Sin uno u otro, no hubiera habido acuerdo. Las críticas, de lado y lado, que se refieren a lo que se cedió por las partes constata aquel insoslayable coprotagonismo.

Por lo demás, descontando este último acuerdo, nada en concreto ha dado respuesta a las urgencias que demanda la ciudadanía. Ningún anuncio ha logrado reducir el impacto del crimen organizado en la cotidianeidad de las personas, ni tampoco se ha controlado la migración irregular; y estamos lejos de volver a crecer al promedio del mundo y de generar los incentivos para atraer más inversión.

Con relación a los principios que el gobierno definió desde su instalación, ya parece estar claro que la alianza frenteamplista hoy tiene una tremenda deuda con su auto atribuido estándar moral. Como varias veces lo manifestaron sus líderes, se suponía que ese era el soporte que los distinguía y desde donde proyectarían su gobierno. No ha sido así. Las reiteradas ineptitudes cometidas desde la primera hora de gobierno han constituido hechos serios y espinosos que apuntan a ese centro de gravedad moral que, como consecuencia, perdió rápidamente consistencia. Al punto que el gobierno frenteamplista debió ser auxiliado por los mismos liderazgos de la ex Concertación cuyo comportamiento durante los últimos treinta años ellos habían criticado acerba e impetuosamente desde sus orígenes como movimiento.

Hoy, de cara a las elecciones presidenciales que se verificarán en unos meses más, desde el gabinete no han surgido figuras que logren entusiasmar a la opinión pública y que obtengan un desempeño competitivo en las encuestas. Es decir, su proyecto político no ha logrado ser traspasado a nuevos liderazgos que lo representen y le den viabilidad. La excepción la representa el alcalde Vodanovic, pero su popularidad parece fundarse, más bien, en sus méritos personales y de gestión que en un correlato y adhesión con el proyecto y las políticas gubernamentales.

De esta manera, una vez más, han surgido voces desde todos los rincones del conglomerado oficialista que vuelven a reclamar que sea la expresidenta Michelle Bachelet quien nuevamente asuma el desafío electoral. Más allá de si ella termina por aceptar o no —aún no se pronuncia al escribir esta columna— el diagnóstico ya se insinúa lapidario para esta  generación en el gobierno. Los jóvenes que hace solo tres años llegaron para renovar la política y sus malos hábitos, y de paso refundar Chile, hoy lucen fatigados y perplejos, sin recambios entre sus propias filas, moralmente desacreditados y derrotados en sus ideas. Así las cosas, hablar del legado de Boric parece algo aún muy prematuro.

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Por Jorge Jaraquemada

El Líbero, 15 de febrero 2024

Hace meses que el gobierno parece obsesionado con su legado político. Suele apoyarse -y a ratos ufanarse- en algunas medidas logradas, como la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas, el aumento del salario mínimo, varios proyectos de ley aprobados sobre orden público y el nuevo Ministerio de Seguridad. Y más recientemente ha sumado a esa lista la reforma de pensiones. ¿Pero basta esta enumeración -ciertamente breve- para dar forma a un legado de carácter político? ¿Alcanzan estas medidas para superar los desaciertos -¡y vaya que ha habido!- de los últimos tres años? ¿Acaso no cabría esperar más para un gobierno que se inauguró con pretensiones refundacionales y que pregonaba un estándar ético superior al que se había exhibido hasta entonces en la política nacional?

Las medidas, por relevantes que sean, y ciertamente la reforma de pensiones lo es, no se bastan a sí mismas si no se vinculan con el proyecto político que el gobierno tenía programado impulsar y, tal parece que algunas de ellas han derivado por un derrotero que está en las antípodas de lo que el gobierno proponía en sus inicios. Además, si se revisan en detalle el procedimiento y su contenido se vislumbra que poco tienen de logros propios del gobierno.

Por ejemplo, en el ámbito laboral todos los años se suele subir el sueldo mínimo, en mayor o menor medida, de manera que no parece un logro muy sustantivo. Los avances en el área de la seguridad pública fueron a contrapelo, presionados por una oposición que usó su capacidad negociadora para poner de relieve los temas que le son más propios y que -dada la crisis de seguridad- han sido especialmente resentidos por la ciudadanía. Y en la reforma al sistema de pensiones se podrán tener muchas opiniones sobre su bondad y oportunidad, pero lo que resulta bastante evidente es que no se acabó con las AFP -como fue la propuesta inaugural del gobierno- ni tampoco se introdujeron cortapisas a la capitalización individual como base del sistema.

Por otra parte, existe una crisis severa en dos temas claves para la ciudadanía, como son educación y salud. La educación pública se ha ido arruinando al mismo paso que su prestigio luego de la implementación de las reformas aprobadas en el último gobierno de Michelle Bachelet y nuestro sistema de salud ha sido incapaz de poner coto a las interminables listas de espera que han ocasionado la muerte de muchas personas.

Además, como marco de esos supuestos logros, los tres años de este gobierno que pretendía refundar la política nacional han transcurrido entre errores no forzados e impericia para conducir los asuntos públicos. Tal vez una mezcla de altanería -dada su autoproclamada superioridad moral- y de ineptitud, o bien de falta de madurez como prefieren decir sus adláteres. En efecto, cómo olvidar el debut del gabinete gubernamental con la huida de la ministra Siches desde Temucuicui, el desaire a Israel y la imprudencia del embajador ante España, la filtración de conversaciones entre equipos ministeriales, el inusual e infundado cambio de nombre a la institución “primera dama”, el manual que instruía cómo comportarse a la prensa, los indultos que beneficiaron a personas condenadas por hechos relacionados con el denominado “estallido social” y que resultaron tener un amplio prontuario delictual, el “caso convenios” con su mecanismo de extracción de recursos fiscales para provecho personal y/o político, el “caso Monsalve” y la renuncia al pilar feminista, la compraventa de la casa del ex Presidente Allende con flagrante infracción constitucional, la desprolijidad en la proyección de los ingresos públicos de la Dirección de Presupuestos y la ineficacia para dar una solución habitacional a los afectados por el grave incendio en Viña del Mar transcurrido hace ya un año.

En suma, la enumeración gubernamental para intentar la construcción de un discurso sobre su supuesto legado parece bastante precaria en sí misma, ha estado rodeada de conductas indolentes -cuando no negligentes- que invisibilizan esas medidas e incluso desmantelan ese relato y, además, no dice relación con el proyecto político que impulsó la coalición frenteamplista y que se reconoce, cual espejo, en la proposición que enarboló la Convención Constitucional. Esa propuesta que eliminaba el Senado y los equilibrios y contrapesos institucionales; que incluía un Sistema Nacional de Justicia donde el sistema tradicional debería coexistir en pie de igualdad con los sistemas de justicia de tantos pueblos originarios como hubiere; esa que definía a Chile como un Estado plurinacional con autonomías territoriales y escaños reservados para indígenas en cualquier órgano colegiado de representación popular; que proponía una radical visión ecocentrista; y que dejaba en la incertidumbre el derecho de propiedad y erradicaba la libertad de elegir en salud, educación y pensiones.

En la proyección de esas ideas y medidas -si es que se hubieran aprobado e implementado- habría que haber buscado el legado del gobierno y de Boric, pero ese bosquejo constitucional acabó bruscamente el primer año de gobierno, aquél épico 4 de septiembre de 2022 cuando, con una votación histórica y por una amplia mayoría, la ciudadanía rechazó categóricamente esa propuesta de la izquierda frenteamplista que contradecía el sentido común de los chilenos. Ese instante electoral clausuró el proyecto del gobierno y terminó por diluir o frustrar su pretendido legado.

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Por Jorge Jaraquemada

CNN Chile, 30 de enero 2025

Luego que se planteó la idea de levantar una estatua al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, la senadora y presidenta del partido Socialista expresó su rechazo a la iniciativa argumentando que el exmandatario “no tiene la calidad moral de otros presidentes”. El estatuto ético de esta posición dialoga con la diferencia que —al inicio de este gobierno— manifestó el ministro Jackson como la característica principal de su coalición respecto de lo que fue la Concertación y expresa, implícitamente, la relación inseparable entre política y moral.

Hace unos días también nos enteramos de que las sospechas respecto del móvil político detrás del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda ahora encuentran justificación en las evidencias que dio a conocer el fiscal a cargo de la investigación y que luego fueron confirmadas por el fiscal nacional. Estas apuntan, como es sabido, a que Diosdado Cabello habría ordenado y financiado el secuestro, tortura y asesinato de Ojeda en nuestro país.

El presidente Boric ha sido claro en afirmar que el gobierno de Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos y que cometió fraude en las elecciones pasadas. Su posición es clara y sobre ella no caben dobles interpretaciones. Pero sus categóricas afirmaciones abren una controversia medular en la dimensión de su consecuencia, pues el presidente es el líder del gobierno y, por ende, quien define sus líneas de opinión, principios y acción; sin embargo, en la coalición gobernante el presidente es aliado, convive y ha otorgado cargos de alta responsabilidad y protagonismo político al partido Comunista, que ha defendido dictaduras —antes y ahora— y se ha negado a reconocer el fraude de Maduro en Venezuela, menos aún lo considera un dictador y, además, ha negado los resultados que arroja la investigación de la fiscalía.

La diferencia entre Boric y el PC es un problema central y de carácter político. Chile ha sido atacado por un narco gobierno en su propio territorio —lo que ya es de suma gravedad— y sería lógico esperar un respaldo transversal de las fuerzas políticas, sobre todo de los partidos de la coalición gobernante. La falta de apoyo de sus aliados afecta el liderazgo del primer mandatario y abre alertas sobre la confianza hacia un partido que tiene acceso a información delicada en materias de seguridad a través de subsecretarías y de su participación en el comité político. La tradición democrática de apoyo al presidente de la República en política internacional también se debilita.

Lo más grave, empero, es la diferencia en torno a la defensa de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Cohabitar el palacio de gobierno con un partido que lo contradice en aquella bandera de lucha que ha definido y marcado biográficamente a la izquierda chilena en el último medio siglo, obliga a una definición de Boric y del resto de los partidos oficialistas. Lo que está en tensión al interior de esta administración es un problema de definición: ¿se es o no una izquierda democrática, renovada, sin hálito a guerra fría, trajes verdes, muros o dictadores?

Hasta ahora, el presidente ha evitado las preguntas de la prensa, por razones que se arrastran de las esquirlas que dejó el caso Monsalve. El partido Socialista, por su parte, ha endosado a Boric la responsabilidad de mantener al PC dentro del gobierno y ni siquiera ha puesto en duda la posibilidad de marginar a los comunistas de un futuro pacto electoral. Es decir, en la que debiera ser la posición más importante de un gobierno —su compromiso con la democracia— pueden convivir diferencias radicales e insalvables como si nada.

El hecho que un partido como el Socialista —con víctimas de violaciones a los derechos humanos— se permita una alianza con quienes hoy respaldan dictaduras que atropellan sistemáticamente esos derechos, supone un conflicto moral en su interior. Nada justifica la falta de carácter para enfrentar hoy a los adversarios de la democracia. Del mismo modo, resulta estéril cualquier crítica del presidente a Venezuela, por alto que eleve su tono, si el PC sigue contradiciendo al mandatario en esta materia tan sensible. Al final del día, cada uno es lo que hace y no lo que dice.

Por último, resulta bien cuestionable éticamente que los comunistas sigan aferrados a un gobierno que no los representa en sus posiciones emblemáticas —las afrentas del PC han sido muchas y constantes en esta administración— sólo porque, no tiene sentido ocultarlo, le tienen apego al poder, los cargos y las remuneraciones que reciben del Estado. Entonces el problema al que se enfrentan Boric y su coalición, parafraseando a la senadora Vodanovic, es de calidad moral.

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Por M. Josefina Lecaros

La Tercera, 30 de enero 2025

En su carta del 29 de enero, Camila Maturana expone sobre la criminalización del aborto en Chile y argumenta en favor de su despenalización señalando que existe una persecución sistemática de las mujeres. Sin embargo, los datos de Gendarmería indican que, a esta fecha, hay sólo 7 personas a lo largo del país condenadas por el delito de aborto, de las cuales todas son hombres.

A pesar de esta concluyente cifra, es pertinente discutir si se debe penalizar o no a la mujer. Las circunstancias de vulnerabilidad que suelen rodear el aborto impiden un real juicio de culpabilidad sobre la mujer, quien perfectamente puede ser otra víctima más, al igual que la vida del que está por nacer. Esto, por cierto, no implica dejar sin sanción a quienes incentivan a las mujeres a abortar o hacen de éste un negocio lucrativo.

Si queremos ayudar y proteger a las mujeres y niñas de nuestro país, deberíamos avanzar en la discusión de políticas públicas que apoyen a las embarazadas que sufren entornos complejos y en proyectos de ley que persigan y sancionen, con todo el poder de la justicia, a los que abusan, extorsionan y se benefician del desamparo de las víctimas de un aborto.

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Por Bárbara Bayolo

Diario Financiero, 22 de enero 2025

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmaba el domingo que “no hay nada en este proyecto que impida que exista un inversor público”, refiriéndose a la reforma previsional. Para desazón del Gobierno, pero tranquilidad del sistema, dicha afirmación es incorrecta. Por un lado, la figura de “inversor de pensiones” ha sido eliminada completamente del proyecto. Por otro, el inciso primero del artículo 23 del DL 3.500 se mantiene intacto, estableciendo que el objeto exclusivo de las AFP seguirá siendo “administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley”. Esto implica que cualquier participante en el mercado deberá, entre otros requisitos, cumplir estrictamente con el objeto exclusivo definido por dicho artículo. Además, aunque la ley permite subcontratar ciertas funciones, la gestión de inversión sigue siendo una prerrogativa intransferible.

En un debate tan trascendental, las precisiones no solo son deseables, sino indispensables. El Gobierno debe reconocer que, al menos en esta instancia, la propuesta de separar la industria no logró consensos.

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Por Hernán Larraín F.

La Tercera, 22 de enero 2025

Luego de años de dimes y diretes, gobierno y oposición lograron acuerdo en materia de pensiones. Y como era de esperar, éste no satisfizo a sectores de ambos lados del espectro pues, estiman, solo es válido lo que “yo” pienso y ceder es sinónimo de debilidad o entreguismo.

Esa actitud me hizo recordar el último proceso constitucional, como miembro de la Comisión Experta, donde logramos consensuar una inmensa variedad de materias. Sin embargo, al pasar la decisión al Consejo Constitucional, se introdujeron cambios duros que hicieron que la minoría de ese organismo no los aceptara. Peor, gatilló el rechazo ciudadano.

Fue lamentable. De haberse aprobado algo como el texto de los expertos, hoy no tendríamos el dilema de tener que ir por la reforma del Estado, ni la urgencia de cambiar el régimen político o modernizar la Justicia: pudo más la tentación fundamentalista.

Asimismo, he advertido quejas respecto de este pacto que reproducen ambigüedades y recelos. Se esgrime que pasar del 10% al 16% (+1) de cotizaciones significará un costo para la economía y el empleo. Eso se entiende, pero se olvida decir que el proceso será gradual y que al mismo tiempo parte sustantiva de la mayor cotización será ahorro, esto es inversión procrecimiento. Más importante aún: ¿alguien cree que no se debería efectuar este aumento de aportes? ¿Existe otra alternativa a su financiamiento que no sea el alza de cotizaciones?

Se cuestiona el préstamo de 1,5 puntos del incremento, para apoyar las actuales bajas pensiones. Es cierto que cuesta entenderlo, pero poquito. Al final del día, esa cotización forma parte de la cuenta personal del trabajador desde el primer día, es de su propiedad y heredable. Entonces se sospecha del Estado: no va a cumplir. Pero, ¿por qué? El Fisco ha pagado rigurosamente el bono de reconocimiento establecido hace décadas.

He visto quejas referidas a que el Estado, vía Instituto de Previsión Social y otras atribuciones, tendrá mayor injerencia regulatoria en el ámbito previsional. Es posible que algo de eso exista, pero olvidan que el sistema -al final- es uno de capitalización individual, con libre elección entre administradoras (privadas) y con incentivos para una mayor competencia.

En fin, hay muchas críticas que se repiten sin motivos y escasa información. Lo cual no significa que no haya aspectos que cabe revisar y corregir y, especialmente, como ha dicho Evelyn Matthei, se debe asegurar su sostenibilidad fiscal. Ese es el camino a seguir, colaborar en perfeccionar el acuerdo, no derribarlo porque no recoge lo que “yo” quiero, como algunos procuraron en el aludido proceso constitucional logrando que fracasara. ¿Serán los mismos?

Es tiempo de aprender que en democracia se debe convivir con la diversidad, buscando convergencias que no constituyen una señal de cobardía sino más bien prueba de integridad y compromiso con la gente.

Lo que se requiere ahora es honrar el acuerdo con unidad, sin perjuicio del derecho parlamentario a mejorarlo. Actúa de mala fe quien anuncia desde ya futuras reformas para insistir en aquello que no logró incluir en este acuerdo. Eso rompería las confianzas y dificultaría gravemente convenir en otros ámbitos, cuestión que la ciudadanía exige con urgencia.

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Por Jorge Jaraquemada

El Líbero, 18 de enero 2025

Han pasado tres años desde que asumió este gobierno y, aunque le queda uno más, podemos adelantar un balance a partir de una característica que lo ha marcado: sus torpezas y contradicciones. Las hay de distinto tipo y alcance, pero todas dan cuenta de una carencia en la capacidad de lograr los propósitos auto declarados y de una altanería que desprecia la diferencia. Resumido en dos palabras: inoperancia y soberbia.

Desde el primer día hubo chambonadas, y muchas. Veamos unas pocas, para no cansar a nadie. Se inauguró buscando problemas -como un imberbe adolescente camorrero- con la corona española. Siguió la renuncia de Siches después que tuvo que poner pies en polvorosa para arrancar de La Araucanía, luego de convencerse a sí misma, quién sabe por qué, que en Temucuicui sería bienvenida.

Los níveos pies de la amiga de nuestro embajador en España sobre su regazo, mientras se trasladaban en el auto oficial, fueron un momento estelar de nuestra diplomacia; al igual que la filtración de una conversación de equipos ministeriales sobre un país vecino que se expresó, literalmente, ¡a chuchada limpia! Y las desafortunadas declaraciones del mismo embajador en un foro donde, luego que Chile retiró la invitación a Israel para participar en la FIDAE, él invitó a España a proveernos armas. Imprudencia que sólo agudizó el desaire a Israel.

Un caso difícil de entender sin una fuerte carga de egolatría fue el cambio en la institución “primera dama”, la que pasó a ser presentada con el nombre eslavo de la que entonces era pareja del Presidente. Las excusas nunca fueron claras ni suficientes. Al contrario, haciendo gala de un lenguaje crípticamente feminista, la titular del cargo nunca aclaró las causas de esta inédita y autocomplaciente situación.

Cómo olvidar el fallido manual que instruía conductas a la prensa o las veces que el Presidente se ha pasado de rosca con periodistas, amedrentándolos porque le molesta que lo incomoden con sus preguntas. Las explicaciones siempre dejaron sabor a poco. El broche del primer año fueron los indultos a un grupo de “presos de la revuelta” que no eran sino delincuentes de baja estofa y amplio prontuario, lo que costó la salida de otra ministra.

No obstante, las paparruchadas gubernamentales continuaron en una historia sin fin, hasta que surgió el llamado caso “convenios”, que costó la salida de otro ministro, y que ha sido el mecanismo de corrupción más grande del que se tenga memoria desde el retorno a la democracia, golpeando con fuerza la ética superior que autoproclamaban los gobernantes.

Y cuando se creía que el caso “convenios” era la completa defenestración de esa supuesta superioridad moral, entonces surgió el caso Monsalve, el más emblemático por su gravedad, los impactos generados y el modo -otra vez- en que lo abordó el gobierno. Desde el primer momento la narrativa feminista se agotó en la teoría y en la aplicación exclusiva y excluyente al comportamiento de los otros, aquellos que no me incumben, que no son los míos. Pero cuando el desafío exigió que La Moneda aplicara sus propios protocolos y perspectiva de género -proclamados hasta la majadería- entonces el Presidente acompañó y le creyó a Monsalve. ¿De qué otra manera se comprende que le haya facilitado medios, tiempo e incluso lo defendiera en su maratónica conferencia de prensa? La ministra vocera hizo silencio y la ministra de la Mujer defendió su permanencia ubicando el cargo de Monsalve por sobre la gravedad del delito imputado. A las pailas se fueron la sororidad y el principio de credibilidad de la denunciante no pasó la prueba mínima: ser aplicada por sus propias autoras.

Lamentablemente, esta historia no acaba aquí. Cuando lo de Monsalve parecía el epítome de la abdicación del gobierno a sus propios estándares, se conoce la compraventa de la casa del expresidente Allende por el Estado, prohibida constitucionalmente porque una de sus propietarias es ministra y la otra senadora. Más allá del irrespeto flagrante a la Constitución -¡claro que de buena fe!- esta situación refleja altanería, porque lo que nos dice es que las autoridades que ejercen el poder, a diferencia de los ciudadanos de a pie, pueden saltarse la ley y la Constitución y no sufrir consecuencias. Así de simple.

Cada uno de estos casos está traspasado por los mismos patrones: inoperancia y soberbia. Boric ha desperdiciado con indolencia su tiempo de gobierno y ya no le queda suficiente para revertir esta tendencia. La coalición que prometía ser el gobierno feminista, de los estudiantes y del pueblo, les ha fallado a todos ellos. ¡Y quizás con qué otros desaciertos aún nos pueda sorprender el gobierno en lo que le queda de administración!

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Por Antonella León

La Tercera, 10 de enero 2025

En la discusión sobre el proyecto de fraccionamiento pesquero, el Senado se enfrenta a una decisión clave: actuar rápido o actuar bien.

Al igual que en un pitstop en Fórmula 1, aunque cada segundo cuenta, un cambio de neumáticos mal hecho puede dejar al piloto fuera de carrera; de la misma forma, acelerar el debate legislativo puede llevar a políticas poco eficaces que no resuelvan de manera adecuada las disyuntivas actuales en materia pesquera.

Por tanto, resulta fundamental que el Senado escuche a todos los actores relevantes y se tome el tiempo necesario para elaborar una política pública sólida, que no sólo beneficie a los sectores involucrados sino también a la nación en su conjunto. Sólo así alcanzaremos la meta.

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Por Benjamín Cofré

El Líbero, 12 de enero 2025

Honestidad obliga: Pablo Muñoz Hoffman no ha sido identificado en el caso del asesinato del senador Jaime Guzmán como lo ha afirmado la prensa reiteradamente durante su noticiosa reaparición luego de fugarse de su condena en la Cárcel de Alta Seguridad -algo similar ocurrió con el también fugitivo Patricio Ortiz Montenegro en 2019. Aún así, es necesario acentuar dos elementos claves que este bochornoso incidente permite reflexionar.

Primero, que es necesario un espíritu país que nos empuje, desde la fiscalización y exigencia ciudadana hasta la política de Estado, a conseguir que los terroristas chilenos miembros de estos colectivos criminales como el Frente Manuel Rodríguez den cuenta a Temis en territorio nacional. Muñoz Hoffman tiene un importante prontuario por el cual, se espera, pague a la sociedad por sus ilícitos, y no es concebible, por tanto, que por causa de nuestra propia Cancillería haya terminado libre este fugitivo buscado por casi dos décadas.

En segundo término, que la inentendible entrega de un salvoconducto a una persona buscada internacionalmente genera sensatas suspicacias respecto de la red de protección que ha permitido que se dificulte -y en algunos casos hasta imposibilite- que los ladrones y asesinos de estas bandas terroristas puedan ser capturados. Es difícil percibir a simple vista la telaraña tejida para evitar la captura de estos personeros, pero varios haces de luz han permitido que en los últimos años la opinión pública discuta respecto de algunas acciones a lo menos reprochables desde caudillos relevantes de la extrema izquierda nacional.

Aquí sólo con el también fugado Ricardo Palma Salamanca tenemos una serie de eventos infortunados, que van desde su encuentro en Francia con los más relevantes personeros del Frente Amplio, o su celebración con delegados político-culturales en el país europeo luego de ser beneficiado con el asilo político.

La propia fuga de los frentistas de la CAS se explica por una serie de errores y negligencias que es difícil explicar sin la premisa de un puzle cuyo último movimiento constituía el escape -bueno, luego de eso sacar a los terroristas de Chile, buscando la impunidad. Y más argumentos existen en tanto la posibilidad de retorno de uno de los fugitivos, Mauricio Hernández Norambuena, fue por el actuar de un gobierno de ideas opuestas a las que lo tenían protegido en Brasil.

Se reitera: por mucho que Pablo Muñoz Hoffman no haya participado del asesinato de Jaime Guzmán, sí está involucrado en otros atentados y atracos que ameritan su presencia en las cortes chilenas, para poder encontrar paz y justicia, y no más impunidad.

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Por Bernardita Valdés

Diario Financiero, 9 de enero 2025

La votación del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales ha despertado amplias expectativas, pues se presenta como la solución a la excesiva burocracia que entorpece el desarrollo de proyectos en el país.

Sin embargo, es necesario decir que arreglar solo una parte del problema es como aceitar un engranaje en una máquina llena de piezas oxidadas: puede que algo se mueva, pero el conjunto seguirá funcionando mal.

Los nudos críticos en Monumentos Nacionales, Concesiones Marítimas y el Servicio de Evaluación Ambiental son como esos engranajes que están trancados y, por más que le demos vueltas, la máquina no va a andar. Este proyecto de ley puede ayudar, claro, pero mientras no se solucione lo esencial, seguiremos atascados en los mismos trámites eternos y con las mismas frustraciones.

Ojalá el Gobierno entienda que una reforma de verdad debe considerar todo el sistema y no solo aquello que es más fácil de arreglar. Porque, al final, ¿de qué sirve maquillar a una parte si el problema sigue igual de grande?

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Por Jorge Jaraquemada

CNN Chile, 31 de diciembre 2024

Cuando la generación que hoy gobierna irrumpió en la escena política nacional, lo hicieron con ímpetu y entusiasmo, pero también con una soberbia que probablemente les servía de escudo para ocultar su ramplonería. Se posicionaron a sí mismos a la izquierda del PC. Declaración curiosa si se considera que la historia de los comunistas ha estado vinculada a la violencia política, al apoyo a dictaduras internacionales y, por lo mismo, su desdén por la democracia representativa.

Sin embargo, el Frente Amplio también supo transmitir una imagen de cambio, empujado por un diagnóstico crítico al modelo político y económico que—en medio de la insurrección de octubre de 2019— se resumió en la consigna contra los 30 años. Así, asumieron el poder bajo un ambiente esperanzador, con un viento político a favor y en medio de un proceso constitucional en el que podían ganarlo todo.

Como es sabido —aunque vale la pena recordarlo— perdieron rotundamente el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Y, como también se sabe, sus expectativas y programa de gobierno se jugaban, en sus propias palabras, en la aprobación de ese proyecto constitucional. De modo que, ante esa categórica derrota, su arribismo moral debió bajar el tono, cambiar ministros y conformarse con sacar adelante unas pocas reformas que les permitirán evitar el destierro a la irrelevancia histórica.

Su ineptitud e incuria, evidenciadas desde el principio, colaboraron en esa tarea. Los ejemplos sobran. La gratuita arremetida contra el rey de España, el desaire al gobierno de Israel, los balazos a la comitiva de Siches, la bravuconería de Boric contra un vicepresidente de EE. UU. en su presencia, las diferentes tonteras gratuitas que nos llevaron a incordios con nuestros vecinos, los indultos a delincuentes, hasta los vergonzosos casos “convenios” y “Monsalve”, son parte de una larga lista que constata los muros de realidad con los que este gobierno se ha estrellado una y otra vez.

Desde que los militantes de la ex Concertación acudieron en masa al llamado de auxilio del Gobierno tras la derrota plebiscitaria, nos dijeron que su incorporación era una clara señal de moderación. Pero no fue así.

Los nuevos colaboradores solo agregaron experiencia, pero no moderación, pues todos quienes ingresaron al Ejecutivo antes ya habían apoyado, sin ambages, el proyecto constitucional maximalista y refundacional de la Convención, aunque hoy algunos se desdigan en explicaciones.

Cualquier morigeración del discurso de este Gobierno se ha producido únicamente después de golpearse contra esos muros de realidad.Han sido éstos y las derrotas, impericia, chascarros, escándalos de corrupción y otros más graves, como el del exsubsecretario Monsalve, los verdaderos motivos que han logrado hacer girar el timón al presidente y su gabinete.

El histórico triunfo de la opción “rechazo” catapultó el proyecto refundacional de esta administración directamente al desván de los cachivaches. Y sin mayoría en el Congreso, solo le quedó apuntar a obtener dos o tres reformas. Pero tampoco le ha ido bien y, por eso, el tono ha vuelto a cambiar.

Hoy, entrando a su último cuarto, el mandatario que exigía humildad a quien gobierna, ha dejado de responder a la prensa y ha vuelto a tensionar el debate poniendo una barricada a la reforma de pensiones. Algo peor ha hecho la ministra de la mujer, con la antipatía cósmica a la que nos tiene acostumbrados, al lanzar su ironía cancelatoria a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país, solo por haberle dado la connotación de regalo a la defensa más importante a la que se debe el mundo cristiano, como es la vida. Otra vez el eje es de buenos y malos, de nobles versus despreciables, de aceptables contra cancelados. Una vez que se han visto nuevamente derrotados, han vuelto a mostrar su más propia característica, el desprecio a la diferencia.

No es un giro meramente electoral. Este no daría cuenta de la trayectoria política que llevó al poder a esta generación. Todos sabemos que defendieron a terroristas e hicieron apología de la violencia octubrista.

Buscaron destituir al presidente Piñera y luego, ya “habitando” sus cargos, han cometido un desaguisado tras otro, mostrando impericia y un afán obtuso de perseverar a cómo dé lugar en su ideología, hasta que han tenido que darse frívolas volteretas para mostrar un mínimo de sentido de realidad. Son esos mismos los que hoy están en proceso de retornar a sus trincheras arrastrando sus frustraciones y, dado el modo en que suelen enfrentarlas, no hacen falta lecturas complejas para adelantar el tipo de oposición que pueden, una vez más, volver a ser.

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Por Arturo Hasbún

La Tercera, 1 de enero 2025

Cerrando el año, empezarán los rankings respecto a qué parlamentarios presentaron más proyectos de ley. Pero esa cifra es engañosa. Este 2024, los congresistas presentaron 587 proyectos, de los cuales solo cuatro llegaron a convertirse en ley -un 0,68% del total-. Si extendemos el plazo, desde el último cambio de mando, en marzo de 2022, la cifra asciende a 1.885 proyectos presentados, de los cuales apenas el 4,5% se ha publicado como ley en el Diario Oficial.

Respecto de las reformas constitucionales, el panorama es incluso más desalentador. Este año se presentaron 100 iniciativas, ninguna de las cuales ha sido despachada por el Congreso. Y si consideramos aquellas presentadas desde marzo de 2022, ascienden a 321, pero solo el 3,4% se ha transformado en ley.

¿Es razonable que un parlamentario acumule más de 100 mociones y continúe proponiendo nuevas, sin hacerse cargo de las anteriores? Si bien el Congreso debe avanzar en una reforma al sistema político, lo primero es que los ciudadanos dejemos de aplaudir los proyectos redactados y empecemos a evaluar a los parlamentarios por su capacidad de incidir en el debate, presentar indicaciones para mejorar los proyectos y despachar buenas leyes. Lo demás son promesas incumplidas -al menos en un 95% de los casos.

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