Por Jorge Jaraquemada

El Líbero, 12 de octubre de 2024

A cinco años del llamado “estallido social” no hay acuerdo sobre lo que ocurrió ni tampoco sobre sus causas. Pero esto no es nuevo. Ocurre algo similar cada 11 de septiembre desde hace cinco décadas. En todo ese tiempo no se ha podido zanjar una reflexión común que permita comprender qué ocurrió y por qué. Sólo se juzga lo que siguió a esa mañana. La causa principal es una grieta insalvable entre los diagnósticos históricos que cada uno defiende.

En el caso del 18-O -guardando todas las diferencias con la crisis y quiebre democrático de la Unidad Popular- pasa algo similar. La grieta que separa a unos y otros es la violencia como causa de la crisis social en la medida que fue validada como medio de acción política.

Esa violencia no estalló repentinamente en octubre de 2019. Varios años antes habíamos iniciado una espiral de convivencia política agresiva. Quizás el caso de aquella escolar con el melódico nombre de Música -que arrojó intempestivamente un vaso de agua a una anonadada ministra de Educación- sirva de hito ilustrativo para fijar una dislocación en nuestra convivencia que nos ha traído graves e inexpugnables consecuencias.

De a poco nos fuimos acostumbrando a que los liceos emblemáticos se convirtieran en instrumentos de la violencia con tomas y ataques incendiarios en los alrededores de sus dependencias que afectaban la cotidianeidad de los ciudadanos y también dentro de sus instalaciones con el irreparable impacto en los aprendizajes y, lo más grave, con la osadía de intentar prender fuego a sus propios profesores.

En ese momento se interrumpió toda posibilidad de una sana convivencia escolar. En paralelo, las tomas eran validadas por los dirigentes del movimiento estudiantil de 2011 y luego calificadas de “pacíficas” por la entonces alcaldesa de Santiago. Todos ellos ahora autoridades de gobierno. Las tomas feministas de 2018 también aportaron en el derrotero de la violencia, pues validaron las funas como herramienta política. Hasta que la violencia eclosionó aquel viernes negro de octubre.

Es un error -que no colabora a comprender el fenómeno- separar la participación pacífica de mucha gente en las manifestaciones que se realizaron semanas después de los actos violentos que iniciaron el fuego el 18-O. El estallido no se comprende sin la violencia que lo acunó y el apoyo inicial que le brindaron una mayoría de ciudadanos y muchos políticos.

Recuérdese que todos los partidos de la oposición de entonces suscribieron la declaración del 12 de noviembre de 2019 que decía: “Los ciudadanos movilizados en todo el territorio nacional han establecido, por la vía de los hechos, un ‘proceso constituyente’ en todo el país”. Todo lo que siguió después hasta nuestros días -incluidos los cambios de opinión en la adhesión ciudadana que arrojan las encuestas- es consecuencia de los escenarios abiertos por el uso de la violencia.

Bajo esa atmósfera se desarrolló la Convención Constitucional, cancelando gente por sus opiniones e intentando transgredir sus atribuciones en un afán destituyente. El Frente Amplio y el Partido Comunista hicieron todo lo posible por devaluar el valor de la autoridad, particularmente de las policías -daño que permanece hasta hoy y facilita el accionar del crimen organizado-, mientras las barras bravas se tomaban las calles y grupos armados ponían en jaque nuestro Estado de Derecho baleando comisarías.

La anomia fue tal que se trató de destituir al Presidente Piñera y las ciudades se encerraron sobre sí mismas luego de ser salvadas por la pandemia de seguir siendo vandalizadas. Nuestro país, efectiva pero tristemente, sí había cambiado.

Hoy Chile tiene una pésima convivencia política donde los acuerdos están ausentes y la falta de inversión económica es alarmante. Mientras el gobierno, incoherente e incomprensiblemente, insiste en colocar trabas a nuevos proyectos al mismo tiempo que envía proyectos de ley para alivianar la permisología. El país no crece, las autoridades celebran como grandes logros avances insignificantes y las personas nos hemos empobrecido con una persistente inflación. Todos estos efectos son, en lo grueso, inseparables de lo que circunvaló la revuelta de 2019.

Ese espíritu octubrista permanece en muchas autoridades. De vez en cuando sus pulsiones más íntimas los traicionan. ¿Cómo entender si no al Boric que dio sibilino apoyo a uno de los asesinos de Jaime Guzmán o que indultó y premió con pensiones de gracia a “presos de la revuelta” y que luego se autoproclamó el “perro guardián” contra la delincuencia y que rechaza, cada tanto, la violencia política, pero que recién asistió y celebró una exposición sobre el MIR? ¿En cuál de todas estas actitudes el Presidente se traiciona a sí mismo?

El espíritu octubrista -que a ratos parecía haber quedado atrás- repentinamente regresa para mantenernos divididos y prolongar nuestra crisis de convivencia, que ya parece interminable, afectando los anhelos de desarrollo. La peor evaluación del estallido, según la última encuesta CEP, la tienen los sectores más vulnerables y con menor educación, es decir, aquellos a quienes más impactan nuestros retrocesos democráticos. Es una fría y cruel constatación del daño que generó la violencia octubrista… y no hay malestar que la justifique.

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Por Jorge Jaraquemada

El Mercurio, 14 de octubre 2024

Valoramos el esfuerzo de unidad en torno a acuerdos que expresa la carta firmada por figuras de distintos sectores del espectro político. Sin embargo, a pesar de haber sido invitados a suscribirla, no lo hicimos porque diferimos del diagnóstico histórico que allí se expresa y de las razones que se desprenden de ese diagnóstico para justificar el deteriorado clima político actual y el desaliento sobre nuestro futuro económico.

Si bien compartimos la necesidad de retomar el camino del desarrollo, el valor de la democracia y el rechazo tajante a la violencia, nos parece que intentar separar la violencia que germinó el 18-O de las manifestaciones masivas no violentas, dificulta una reflexión bien encaminada.

En Chile no hubo dos “estallidos” y este no se comprende sin la violencia que lo acunó y el apoyo inicial que le brindó la ciudadanía y la mayoría de los políticos de la entonces oposición, varios de los cuales hoy nos gobiernan. Lo que vino después es consecuencia inseparable de la violencia que circunvaló el espíritu destructivo del llamado octubrismo.

Avanzar en buenos acuerdos para el país requiere de una reflexión previa sobre el lugar medular y condicionante que ocupó la violencia como método de acción política validada por sectores, actores y partidos que hoy no ofrecen autocrítica alguna.

Esto importa porque finalmente es el apoyo a la violencia de algunos, y que ese apoyo hoy no sea relevante para otros es lo que mantiene y mantendrá abierta la grieta del juicio histórico e impedirá mejorar la convivencia y lograr acuerdos. Ningún malestar justificaba la violencia indomable que azotó con impactos aún invaluables nuestro país.

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Por Jorge Jaraquemada

CNN Chile, 2 de octubre 2024

En unos días se cumplirán cinco años del “estallido social”. Los esfuerzos por definir qué ocurrió aquel viernes se tomarán los análisis en los medios de comunicación porque, hasta aquí, solo hay múltiples exégesis abiertas. La justicia no ha dilucidado cómo decenas de estaciones del Metro se quemaron simultáneamente y con el mismo modus operandi, la política no termina de consensuar las causas que estallaron aquella tarde de viernes, escasea la autocrítica ante el fracaso del ciclo constituyente y tampoco se ha reflexionado sobre la violencia que incubó el país y que tuvo el apoyo de parte de la clase política. Lo único claro es que no hay acuerdo sobre lo sucedido y, por lo mismo, vale la pena revisar el derrotero que nos tiene en esta situación.

Aunque la insinuación de que fue un estallido “preparado” rápidamente fue denostada, lo cierto es que en nuestro país se venía fraguando un intento sistemático por instalar un discurso que provocara un cambio de modelo político y económico. Las formas de expresar los malestares y agudizar la conflictividad mutaban en función de ese discurso. Ya en el año 2006 la revolución pingüina fue un hito en una serie de movimientos que tenían, conscientes o no, una agenda política común: empujar cambios estructurales a un sistema político y económico que, según ellos, permitía a los más poderosos abusar de un país entero y mantener la desigualdad.

Paulatinamente, observamos como diversos movimientos sociales —asociados a una nueva élite política— alcanzaron protagonismo cuestionando a los partidos de la transición. Presenciamos como adquirían relevancia los movimientos “Patagonia sin represas”, “No más AFP” o los grupos feministas, mientras el sistema político no era capaz de canalizar las demandas sociales ni asimilar fenómenos para los que no tenía respuestas. Los movimientos sociales no buscaban dialogar sino hostigar, instalar la idea de agotamiento total de nuestra convivencia utilizando como medio la violencia. Así ocurría en las calles, en las universidades y en los liceos emblemáticos, mientras el sistema político se polarizaba.

La clase política perdió fuerza porque los partidos de centroizquierda, una vez que perdieron el poder en 2010, iniciaron un proceso de autoflagelación que tuvo efectos en todo el espectro político. Se cuestionó nada menos que la obra y el relato de la democracia de los acuerdos. Esto también impactó a una centroderecha que, cuando comenzó a gobernar, enfrentó una oposición que súbitamente se volvió amnésica y giró su proyecto político hacia la izquierda, abandonando el centro y abriendo una grieta en el proyecto país.

Así llegamos al reventón del 18 de octubre y por eso la salida institucional que se le dio, el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, también fracasó. Inmediatamente después de su firma, todos volvieron a sus trincheras y las agresiones y polarización abundaron en el ambiente político.

En el primer proceso constitucional, la izquierda que hoy gobierna mostró su proyecto más genuino, así como su negación a reconocer que ese proyecto fracasó —el mismo día que la ciudadanía lo rechazó vehemente en las urnas— constata que no lo abandonarán. El rechazo del segundo proceso da cuenta de lo mismo: la izquierda no aceptará otro proyecto que no sea el suyo. Para ella no pueden convivir el Estado Social de Derecho con la subsidiariedad.

Luego de cinco años —y ahora con la izquierda que avaló la anomia y el llamado “octubrismo” instalada en el gobierno— nuestro país enfrenta más pobreza, delincuencia, cesantía, bajísima inversión y un paupérrimo crecimiento económico. Mientras tanto, el gobierno se esfuerza por mantener al país sumido en la contingencia con relatos que agudizan la tensión entre ciudadanía y élites. Y si bien hay razones que alimentan esa tensión, se extraña una mirada que tenga como horizonte sacarnos del ambiente tóxico en que estamos hace años.

Aún hay diagnósticos irreconciliables respecto de lo que ocurrió en octubre de 2019 y lamentablemente no habrá pronta reconciliación por dos razones: porque hay dos proyectos país que nadie quiere transar y porque —al igual como ocurre cada septiembre hace más 50 años— cada octubre hace 5 años la izquierda se niega a discutir cómo su relación con la violencia política ha sido un factor de crisis.

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Por Jorge Jaraquemada

15 de junio 2024, El Líbero

Mucho tiempo antes del “estallido social” y su tropel de violencia, el país experimentó cambios en el lenguaje político. Aumentó la agresividad en las protestas y se validaron, de modo cada vez más explícito, medios ilegítimos de presión social, como la funa, el hostigamiento y la humillación. Desde el año 2011, las tomas en universidades y liceos comenzaron, súbitamente, a ser democráticas para algunas autoridades educacionales y políticas. Mientras unos dialogaban con sus protagonistas, otros las consideraban democráticas si eran votadas y aprobadas por los estudiantes. Fue el caso de la ministra que hoy tiene a cargo la seguridad pública.

A vista y paciencia de todo el país se intentó quemar a profesores del Instituto Nacional, mientras las tomas feministas del 2018 acallaron toda reflexión crítica en los campus. La consigna era clara: apoyo irrestricto al feminismo radical o cancelación de quienes manifestaran diferencias. Algo similar ocurría con los alumnos que osaban pensar distinto a la ideología tradicionalmente imperante en el campus Gómez Millas. Así también, crímenes terroristas -como el que le costó la vida a Jaime Guzmán– empezaron a llamarse “ajusticiamientos”. Y luego siguieron burlas ignominiosas, como la venta de poleras con su rostro baleado. Denostación que fue celebrada por el actual Presidente, aunque luego pidió disculpas, en un giro que pasaría a ser común denominador de su mandato.

Después del 18 de octubre de 2019 todo se validó. Sí, cualquier medio para expresar malestar era considerado lícito. Se obligaba a bailar ante la turba para pasar y llegar sanos y salvos a nuestras casas, se quemaban iglesias y universidades, y se baleaban comisarías. Se intentó de todo para desestabilizar el país. Y cuando la asamblea constituyente se volvió real, entonces la cara de la izquierda que hoy nos gobierna quedó al descubierto. Esa era su propuesta de nueva normalidad.

A meses de cumplirse cinco años del 18-O, seguimos padeciendo la violencia que estalló aquel viernes y las élites gobernantes siguen entrampadas en los mismos nudos que las paralizaron. Dos ejemplos lo ilustran. 

El eufemístico “acampe” en la Universidad de Chile es una muestra simbólica de cómo la violencia despótica y antidemocrática se incrustó en lo más parecido a “la casa de todos”. La ofensiva contra su rectora expresa la misma violencia en la cual quienes gobiernan se cobijaron desde 2011. Pero, además, constata que el feminismo que se tomó esa universidad hace seis años hoy le da la espalda a la mujer que difiere de su causa ideológica.

La coalición gobernante es responsable de incubar, tolerar y luego apoyar esa violencia, que es análoga a la que campeó durante la anomia octubrista y que hoy, lejos de desaparecer, nos muestra que el horizonte del gobierno sigue siendo idéntico, aunque a ratos se esfuerce por parecer moderado.

El otro ejemplo es la desconfianza y distancia entre la ciudadanía y las élites políticas. Es un nudo que esta administración no ha logrado desatar ni siquiera en su propio seno. El juicio al alcalde de Recoleta, por acusaciones tan graves como cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, probablemente reúne, en una sola imagen, todos los reproches que la ciudadanía hacía a la clase política hace cinco años, cuando los que ahora lo apoyan esgrimían la consigna del abuso estructural en nuestro país. ¡Para qué mencionar el vergonzoso “caso convenios”!

A pesar de su deficiente desempeño democrático, el PC es el partido más importante de la coalición. La muestra más reciente es que el Presidente Boric no se atreve a nombrarlo en su tibia y sibilina crítica a quienes apoyan a Rusia frente a la barbarie contra Ucrania; así también lo es el silencio de La Moneda frente a la formalización de Jadue y al apoyo ramplón e incondicional que le brindó el presidente del PC. Ambas señales constatan el poder de los comunistas sobre la conciencia del mandatario.

El PC se ha destacado sobre el Socialismo Democrático en proyecto y en las figuras que lo representan en este gobierno. Ninguna renuncia al programa original de esta administración ha sido resultado de moderación propia o de la influencia de ministros socialistas. El gobierno sólo ha retrocedido luego de estrellarse contra la realidad o la resistencia ciudadana, como lo fue, tempranamente, el notable resultado del plebiscito de 2022.

Nada de esto ha sido al azar. Desde que asumió su segundo mandato, Michelle Bachelet le entregó protagonismo al comunismo nacional, tanto en su representación parlamentaria como en la influencia de sus ideas en la Nueva Mayoría. Los comunistas nunca abandonaron su agenda y, sin embargo, lograron sumar a sus anhelos refundacionales desde la DC hasta el PS. 

La violencia política y la desconfianza hacia las élites se arrastran hace años. Penosamente, este gobierno no puede hacer nada para remediarlas, aunque sigan desembarcando figuras de la ex Concertación en La Moneda. Al contrario, esta crisis sólo puede extenderse o agudizarse, pues las autoridades ya no controlan ni una ni otra. La violencia que ayer avalaron hoy los atrapa con sus consecuencias y frente a la corrupción -apoyada por el partido que el Presidente se encarga de victimizar de cuando en cuando- sólo se guarda silencio. Ya no queda épica posible.

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Por Claudio Arqueros

La Tercera, 06 de mayo 2024

Asumiendo la ofensiva simbólica del perro “matapacos” contra la autoridad y el respaldo que hoy se busca restituir a Carabineros, las palabras del Presidente Boric -cuando se refirió a este como “al perro aquel” y negó haber realizado cualquier acto de festín con su imagen- connotaron desarraigo de la épica octubrista para transformarla en tragedia, error, pasado negado.

Con todo, la posición del primer mandatario solo puede cobrar credibilidad si todo colaborador cercano y alto funcionario de los que consta que se rindieron ante la representación de odio a la autoridad policial realizan un mea culpa que constate un cambio de opinión al respecto.

Por el contrario, cualquier silencio o negación debería obligar al Presidente a prescindir de todos esos colaboradores con la misma convicción que representan sus palabras.

Una condición medular para afrontar la gravedad de nuestra crisis de seguridad pasa porque no quede nadie en el gobierno que contradiga el principio de autoridad que debe, con urgencia histórica, restituirse a Carabineros.

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Por Jorge Jaraquemada

Publicado en El Líbero, 23 de diciembre de 2023

Hace cuatro años —luego de protestas, tomas y funas promovidas por la nueva izquierda radical surgida desde las universidades— el país comenzó a padecer un conato de insurrección. La consigna aglutinadora fue que Chile era un país muy desigual donde predominaba el abuso. La nueva izquierda levantó esta consigna imputándole a la izquierda concertacionista haber legitimado con sus gobiernos el modelo económico social surgido durante el régimen militar.

Entre los miles de grafitis, edificios e iglesias quemadas, supermercados saqueados, comercios destruidos, las autoridades políticas suscribieron un acuerdo que prometió paz y una nueva Constitución. Ésta sería la panacea que acabaría con los problemas sociales y devolvería la concordia al país. Cuatro años después esa promesa fracasó. Hoy no tenemos lo uno ni lo otro, el país no está mejor y la izquierda no dará por cerrado el tema constitucional. Por eso no debieran olvidarse algunos elementos que marcaron este ciclo.

Los acuerdos no fueron honrados. No haber logrado la paz ni tampoco una “casa de todos” es la demostración evidente que la voluntad política de las izquierdas estuvo lejos de intentar conciliar las diferencias en un proyecto de país compartido al menos en sus bases esenciales. Los mecanismos que configuraron la Convención hipotecaron la democracia representativa y el Estado de Derecho, y dejaron sin defensores a los mejores “30 años” de Chile que fueron avasallados por la izquierda radical, con el silencio cómplice de la izquierda concertacionista. Unas en la calle y otras en la Convención, enterraron cualquier posibilidad de consenso y pretendieron arrasar la institucionalidad, sin detenerse en considerar las eventuales consecuencias para nuestra convivencia.

La extrema izquierda se impuso por las malas y la ex Concertación se mimetizó con ella, angustiada por su mea culpa y embargada de una repentina amnesia. El país vio pasar propuestas que fragmentaban el país y debilitaban los contrapesos y equilibrios institucionales propios de las democracias representativas. La hoja en blanco fue funcional a todas las iniciativas refundacionales. No obstante, la ciudadanía rechazó con amplia e histórica mayoría el texto propuesto por la Convención. Esa contundente derrota no fue suficiente para que —la misma noche del 4 de septiembre— todo el espectro de las izquierdas cobrara la palabra a Chile Vamos para abrir un segundo proceso constitucional.

Este nuevo intento partió con resguardos. Se instituyeron doce bases institucionales o bordes que evitarían los ánimos refundacionales que llevaron al fracaso del primer proceso. Desde el Congreso se diseñó un mecanismo mixto que incluía expertos, nombrados por la Cámara y el Senado para redactar un anteproyecto, y consejeros electos por la ciudadanía que deliberarían y redactarían un proyecto definitivo.

A estas alturas, después de una pandemia que azotó la libertad, salud y economía de las familias, con un sistema político dañado que posibilitó el surgimiento de un parlamentarismo de facto que fue horadando la eficacia de la Constitución vigente, el país había comenzado a sufrir un deterioro económico y, sobre todo, severos problemas de inseguridad que se agudizaron durante el presente año. Esta situación se reflejó en una creciente desafección y desinterés por el nuevo proceso constitucional en curso y en un ánimo de rechazar —más allá de la identidad política de cada uno— cualquier propuesta que viniera desde la política, percibida en franca desconexión con los intereses cotidianos de la gente.

Mientras tanto, la mayoría republicana y Chile Vamos buscaron acuerdos con la izquierda proponiendo un texto que se abría al reconocimiento de más derechos sociales, pero también a la idea de que la gente pudiera elegir su sistema de salud, dónde educar a sus hijos y a qué entidad confiar sus ahorros previsionales. Cuestiones todas con amplio apoyo ciudadano. Pero las izquierdas —nuevamente mimetizadas— no cedieron en lo que ha sido su lucha histórica: concentrar en el Estado la provisión de esos derechos sociales. A pesar del acuerdo de los expertos y de varias fórmulas para armonizar la libertad de elección y el Estado Social que se buscaron en el Consejo Constitucional, no hubo consenso. Para las izquierdas las expresiones de la subsidiariedad y el Estado Social nunca han sido ni serán conciliables.

Se perdió así la opción de que el país tuviera un texto constitucional sensato y moderno. Y, sobre todo, uno que albergaba normas que habrían permitido tener herramientas para zanjar el dilema de la atomización de nuestro sistema político y avanzar en la modernización  del Estado. Ambas cuestiones son del tipo que solamente pueden solucionarse cuando quienes adoptan la decisión no tienen interés personal en el tema ni están presionados por quienes lo tienen. Una reforma al sistema político o al Estado son muy difíciles —si no imposibles— de realizar cuando los incumbentes están involucrados en la decisión, como sería si esto se hubiera planteado o se planteara en el futuro para que el Congreso lo resolviera.

Queda pendiente una reflexión sobre las condiciones de posibilidad que llevaron a abrir tanto el primero como el segundo proceso constitucional, ambos rechazados en circunstancias y por razones disímiles. ¿Era una nueva Constitución la solución a nuestra conflictividad? Luego de tanta deliberación y emociones electorales, finalmente caímos en una suerte de fastidio constitucional o, incluso más, con todo lo que tenga que ver con política. Pero no hay que olvidar que las izquierdas buscarán reabrir esta discusión y si hay algo que parece haber quedado claro es que después de cuatro años desde el día en que el país estalló violentamente, la distancia entre las elites y la ciudadanía no se ha superado. Nuestro país sigue en crisis y la izquierda seguirá fagocitando de ella.

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Por Jorge Jaraquemada

Publicado en CNN Chile, 26 de octubre de 2022

Tres años acaban de cumplirse desde que “estalló” el 18 de octubre de 2019. Lecturas sobre el tema ha habido para regodearse. Columnas, cartas, entrevistas e interpelaciones han ocupado las páginas de todos los medios para dar cuenta que aquel fenómeno que fundó el acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, pactado veloz y resueltamente por las fuerzas políticas, paradójicamente, aún no logra ser conceptualizado. Menos aún ha sido asimilado en la coalición gobernante. Las reflexiones sociopolíticas sobre el llamado “estallido social” están lejos de encontrar consenso.

Desde el punto de vista de los discursos, desde la “revolución pingüina” hasta la conmemoración del 8 de marzo feminista, se venía empujando una agenda que utilizaba como dispositivos el abuso estructural de los más poderosos, el cuestionamiento a nuestro modelo de desarrollo y la desigualdad como denominador común de nuestros problemas.

Todos los cuales lograron instalarse como centro de la discusión política y fueron asumidos por actores de todo el arco político. Por ejemplo, la estrategia de evasión masiva al transporte público aparece al menos en 2014 y siguió siendo probada el mismo 2019 por el colectivo 8-M. Y se sabe que se ocupó el mismo mecanismo para marcar las decenas de estaciones del Metro que luego serían quemadas simultáneamente.

Y si bien los motivos, relaciones y niveles de comunicación que hubo al respecto es materia judicial aún abierta, desde una mirada política sí se puede juzgar que el modus operandi no tiene nada que ver con supuestos impulsos pirómanos de ciudadanos expresados espontánea y coincidentemente.

El ciudadano no organizado se plegó al llamado de protesta con cacerolazos, gritos y distintas manifestaciones callejeras que se expresaban a modo de una forja de emociones, como fueron la ira y el desencanto hacia las elites económicas. Se comprobaba así que las consignas históricas habían calado. Esto es lo que refleja la multitudinaria marcha del 25 de octubre.

Desde una mirada cronológica, sin embargo, esto fue mutando. Sostenidamente, en la medida que pasaban los días, fuimos viendo grupos cada vez más organizados en las calles, entre empleados públicos y organizaciones como No + AFP.

Lo único que no desaparecía era la violencia porque a los grupos que marchaban los acompañaba siempre esa “calle” que se apoderó de la anomia y atormentó a todo el país. Esa “calle” fue la que tuvo el país bajo fuego, amenazaba su Estado de Derecho y llevó a la firma del acuerdo del 15 de noviembre. Nadie debiera olvidar entonces que el compromiso político por una nueva Constitución fue precedido por una promesa previa: lograr la Paz. Un nuevo pacto social que devolvería la concordia.

Más allá de las diferentes interpretaciones que puedan realizarse sobre el 18 de octubre, si hay algo que lega ese viernes y la anomia que siguió después en nuestras calles es que todo método es válido para hacer política, incluso la violencia. De otro modo, el 18 de octubre no solo terminó de botar nuestra teoría de la gobernabilidad sino que además cambió radicalmente la forma de hacer política en Chile.

Los acuerdos perdieron validez y prestigio porque ahora la política se trata de agudizar los antagonismos y remarcar las identidades. El acuerdo del 15 de noviembre también representa semánticamente algo completamente diferente a lo que hasta hace pocos años entendíamos por acuerdo.

Recordemos que después de la firma en el Congreso todos los actores volvieron a sus trincheras. La izquierda se dedicó a parir acusaciones constitucionales. Y, con la llegada de la pandemia, se convirtió en costumbre violar la Constitución.

Así entonces, el 18 de octubre de 2019 no puede ser leído solamente como un estallido de los malestares ciudadanos. Tampoco, como ha dicho el presidente, “fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas”, porque éstas no fueron surgiendo a lo largo de los días de protesta. Fue exactamente al revés, la crudeza de octubre no se inscribió en los gritos o consignas, sino en la violencia con que germina y en su delirio refundacional.

La Convención fue un lamentable reflejo de este diagnóstico, pues ni en los horizontes de la mayoría que la hegemonizó, ni durante el proceso, menos aún en el texto que propuso, apareció la Paz ni un ánimo de acuerdo que buscara la concordia política. Así, en lo que va de nuestro convulsionado ciclo de conflictividad, no hemos alcanzado ni la Paz ni un nuevo pacto social.

La promesa de la casa de todos fue burlada desde el primer día de funcionamiento de la Convención y contra todos los llamados y señales que recibieron los convencionales. El denominado “octubrismo” infectó nuestra convivencia política y la ciudadanía hizo notar su hastío. Ese ánimo es lo que, entre otras cosas, se rechazó categóricamente el pasado 4 de septiembre.

Sin embargo, en la coalición gobernante tampoco parece haber paz ni concordia. No han logrado aquilatar aun lo que ocurrió el 4 de septiembre y, por lo mismo, tampoco su relación con octubre de 2019. Las disputas entre Apruebo Dignidad y los ex Concertación se pasean por los medios de comunicación. Lo que algunos llaman tensiones parece más bien ser una crisis, porque el problema no se soluciona con más o menos pragmatismo, más o menos velocidad en los cambios.

Después del plebiscito en el oficialismo no han logrado convivir dos concepciones antagónicas que propician proyectos políticos diferentes. Por eso estamos ante una crisis, porque lo que está en disputa es la identidad del gobierno y un eventual cambio rotundo de su proyecto político.

La crisis llega demasiado pronto para un gobierno que ha asumido apenas hace unos meses. El gobierno debe procurar “pasar octubre” lo más pronto, porque, a fin de cuentas, la ola de desaprobación que está sufriendo el presidente por no tomar decisiones que se traduzcan en políticas efectivas nos va a terminar golpeando a todos.

En medio de un ciclo de conflictividad como el que venimos atravesando y una inminente recesión económica, el país no puede permitirse un presidente débil.

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Por Daniela Carrasco

Publicado en La Gaceta, 19 de octubre de 2022

El martes 18 de octubre se cumplieron tres años de la insurrección y anomia que, no solo fragmentó a Chile, sino que hizo que retrocediera en todo lo avanzado las últimas décadas. Es un hecho que Chile está peor cuantitativa y cualitativamente en comparación a mediados del año 2019, y esto se debe a la articulación de los malestares por la extrema izquierda chilena. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric sostuvo este día que “el «estallido» no fue una revolución anticapitalista”, pero su institucionalización con el proceso constituyente nos demuestra completamente lo contrario cuando los convencionales dijeron que “refundarían” el país con radicales lineamientos para superar el «modelo». Igualmente, la jornada se destacó por sus conatos revolucionarios e insurreccionales, paralizando al país con vandalizaciones.

El viernes 18 de octubre de aquel 2019 (18-O) representa una profunda grieta para el país. «Evadir, no pagar. Otra forma de luchar» fue una de las principales consignas del mal llamado «estallido social». Hoy, la tesis de que haya sido un «estallido» ha quedado descartada, pues esta consigna es posible rastrearla en las redes sociales al menos hace seis años, tal como lo promocionaba el portal izquierdista “El Ciudadano” (que daba tips para evadir el metro). En febrero de 2016, ya se había convocado a evadir el metro con la misma consigna por una nueva alza del transporte público. Y para el 8 de marzo de 2019 (a meses de concretarse la insurrección), la Coordinadora Feminista 8M convocó, entre sus acciones para “conmemorar” dicho día, evasiones al transporte público.

Dado lo anterior, y sumado a que simultáneamente se incendiaron más de veinte estaciones de metro (de las cuales, nueve quedaron completamente inutilizables por varios meses), es dable sostener que el 18-O no fue un «estallido social» espontáneo y que no era posible de avizorar. Al contrario, durante el año 2019 se pudo observar cómo iba escalando la violencia dentro de las aulas secundarias y universitarias, pues entre compañeros de clases cancelaban a quienes no comulgaban con las ideas de las izquierdas radicales. Asimismo, los «overoles blancos» (insurrectos que usan dicha ropa, quienes no necesariamente son estudiantes, quienes atacan a la policía chilena y al transporte público con bombas molotov) ya existían mucho antes del 18-O. Asimismo, la polarización de la sociedad chilena venía profundizándose con la instalación de distintos antagonismos con los movimientos sociales como los feministas.

Y si bien, en su momento, una ciudadanía transversal se sumó a las concentraciones en las plazas a lo largo del país, los actores de corte anti-sistema y a-sistema articularon la anomia de la revuelta. Recordemos que aparecieron las “primeras líneas”, jóvenes insurreccionales que profesionalizaron los ataques urbanos a las policías, que fueron romantizados como “revolucionarios”.  Igualmente, emergieron símbolos unificadores como el “perro negro mata pacos” y consignas como “hasta que la dignidad se haga costumbre” que subvertían el sentido común.

No obstante, los ánimos canceladores ya estaban presentes para el 18-O, con expresiones como «el que baila, pasa» (acción de que una muchedumbre se tomaba las calles viales y no dejaba transitar a los vehículos, al menos que sus conductores bailaran; de lo contrario eran agredidos verbal y físicamente). Igualmente, las “funas” y los “escraches” entre la ciudadanía y el sistema político fue la tónica. Se realizaron, solo en ese periodo, seis acusaciones constitucionales, lo que demostró un parlamentarismo de facto.

Asimismo, la violencia diseminada a lo largo del país, los incendios a iglesias (celebrados por grupos radicales) y otras infraestructuras develaban que Chile estaba sometido a la violencia política que muchos han validado. Como Gabriel Boric, quien en ese entonces era diputado y llamó explícitamente a la desobediencia civil y se enfrentó a carabineros.

Todo este caos puso en jaque a la institucionalidad, que buscó una salida a la insurrección. Por ello, se firmó el Pacto por la Paz social y la nueva Constitución, abriendo el proceso constituyente. No obstante, este pacto fracasó por completo: porque la propuesta constitucional fue rechazada de manera contundente por los chilenos ya que representaba un completo retroceso para el país, y hasta el día de hoy, la paz no ha vuelto.

De hecho, este 18 de octubre de 2022, volvimos a presenciar acciones de corte insurreccional: quienes saquearon locales y atacaron al transporte público, y volvieron a tomarse Plaza Baquedano (el corazón de la capital chilena). La calle, esa misma que votó en su momento por Boric como presidente, hoy continúa con la violencia bajo su Gobierno. Claramente, esto genera una contradicción para el ejecutivo del frenteamplismo (articulado por el Partido Comunista chileno): porque las principales demandas de los chilenos van en la dirección de más seguridad y orden público, mientras que el Gobierno se debe a la calle, quienes hoy los tratan de traidores.

Por otro lado, el último sondeo de Cadem develó que, a tres años del 18-O, Chile está peor en todas las dimensiones: delincuencia (93%), violencia (90%), situación económica (75%), calidad de la política (73%), pobreza (71%), confianza en instituciones (68%), imagen internacional (64%), desigualdad (62%), salud (49%), educación (46%) y pensiones (45%). Y que las emociones asociadas a este proceso político son principalmente negativas.

Pero, a pesar de lo anterior, la clase política insiste en que se debe continuar con el proceso constituyente. Sin embargo, en realidad lo que la ciudadanía reclama es poder vivir una vida tranquila, y para eso se necesita certezas desde la institucionalidad. Por tanto, seguir insistiendo con la redacción de una nueva Constitución claramente significa una desconexión de los líderes políticos que sostienen esta iniciativa.

Por su parte, Pulso Ciudadano demostró que la redacción de una nueva Constitución se encuentra, recién, en la quinta demanda de los chilenos. De hecho, la primera demanda va en la línea de controlar la delincuencia; luego la inflación/alza de precios; en tercera posición se encuentra desarrollar un plan para recuperar el crecimiento económico; y en cuarto lugar controlar la inmigración.

Entonces, lo deseable es que se solucionen las primeras urgencias antes de jugar con los pilares de la institucionalidad, porque esto crea un círculo vicioso que solo genera retroceso. De hecho, los economistas estadounidenses Daron Acemoglu y James A. Robinson en Por qué fracasan los países (2012), concluyeron que los países exitosos se deben principalmente al respeto de sus pilares institucionales y que generan, desde la institucionalidad, círculos virtuosos.

En definitiva, el 18-O no es un día ni para celebrar ni conmemorar -como dicen las voces extremistas-. Este día representa una profunda grieta en la sociedad chilena, que no ha logrado que “la dignidad se haga costumbre”, porque hoy caminamos al borde del abismo. La clase política debe abandonar en caer en los juegos de los antagonismos, y traer el péndulo hacia el sentido común.

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Las imágenes que dejó este 18 de octubre son realmente esclarecedoras del proceso que hoy vive nuestro país: la institucionalidad ha decidido permanecer estéril a la espera de un plebiscito que solo la élite pidió; la delincuencia se disfraza de heroísmo y devora todo lo que hemos construido; y tal como la peste, grupúsculos subversivos confinan a sus hogares a centenares de vecinos que ven con impotencia como arrebatan su tranquilidad, como le quitan sus expectativas, como usurpan la poca libertad que el contexto pandémico ha dejado.

Es poéticamente irónico que detrás de la masa, del gentío, que detrás de las máscaras y capuchas, que detrás del anonimato y del humo de sus incendios y barricadas se encuentre el verdadero rostro de quienes se encontraban en esta jornada en Plaza Baquedano: enemigos de la paz y amantes de la violencia. Una marabunta voraz e incontrolable.

Benjamín Cofré

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Ad portas de cumplirse un año del prematuramente llamado “estallido social” que -entre fuego, saqueos y desobediencia civil- abrió un proceso insurreccional, y a pocas semanas del plebiscito que se ofreció como dispositivo descompresor de la crisis que atravesamos, conviene hacer un poco de memoria para intentar entender qué se conmemora y qué podemos esperar.

El 18 de octubre de 2019 representa un texto aún difuso de leer, porque si bien debemos reconocer que esa tarde presenciamos una ebullición de los malestares no resueltos ni visibilizados incluso, también develó la perseverancia de algunos por romper la matriz del orden democrático. De otro modo, el intento por romper los torniquetes que sostenían teórica y fácticamente nuestra gobernabilidad venía ensayándose desde mucho antes de que los escolares irrumpieran en el metro. Ejemplos abundan: los atentados en la Araucanía desde hace años son parte de una “nueva normalidad” que aún no logran inmutar la imaginación legislativa de ninguno de aquellos parlamentarios ingeniosos en materia de pensiones; los mismos actores que prometían categóricamente un recambio pulcro de la política tenían discursos de elogio en nuestro Congreso al “legado” de movimientos terroristas, se fotografiaban con poleras de un senador asesinado por ese mismo grupo, y por si fuera poco, apoyaban desde un café parisino a los prófugos de ese crimen (crimen calificado por otra diputada como “bien muerto el perro”). Las casas de estudio también fueron sede para estos ensayos; basta recordar los sacrilegios contra figuras religiosas al interior de la Universidad Católica, y que el Instituto Nacional hace tiempo venía sufriendo la violencia que exponían en directo vía matinales -y contra la propia comunidad- los famosos overoles blancos.

En lenguaje y hechos, la violencia que se venía acrecentando en nuestro país, estalló el 18 de octubre. Después, en medio de exigencias ciudadanas por mejoras sociales que la promesa de modernización no había cubierto, fuimos observando un collage conformado visualmente por marchas, subjetividades indignadas, pero sobre todo, por una calle indómita que no quería nada más que destruir y destituir. Las veredas se transformaron en armas, los supermercados fueron saqueados, las avenidas principales se convirtieron en largas rutas peatonales debido a que no había estaciones de metro disponible. El comercio entero se tapó con latones, el país funcionaba hasta media tarde a la vista de todo aquel que corría para encontrar locomoción antes que las hordas les impidieran regresar a salvo a sus casas. En el Congreso (cómo olvidarlo) se juntaban los votos para destituir al Presidente de la República. Después, el 15 de noviembre se firmó el acuerdo sobre el cual aún no hay acuerdo, en marzo vino el paréntesis pandémico, y en eso estamos.

Transversalmente se reconoce el delicado momento que atravesamos, nadie se atreve a augurar cómo saldremos de nuestra crisis. Pero entre tanto, varios grupos del arco político (casi digo “de Izquierda”) nos intentan convencer de que podemos restituir la lógica de los acuerdos y convertir los últimos meses (y años) en un pasado impune y superado. Sin embargo, parece oportuno instalar la duda respecto de las condiciones de posibilidad de guiar un tiempo nihilista y tan esperado (ahora sí) por una parte de la Izquierda. Del mismo modo, no es temerario ni reaccionario dudar que se puede llegar a buen puerto ahora con los mismos que, entre disfraces y bailes, llamaban a la desobediencia civil y avalaban a las líneas de violencia de la plaza Baquedano, sin importar la tragedia que vivieron los pequeños locatarios, los trabajadores que perdieron su sistema de locomoción y sus trabajos. Tampoco cuesta mucho trabajo imaginar las condiciones bajo las cuales funcionará una eventual convención.

Más allá de la opción que gane el 25 de octubre próximo, y aunque nos sigan tratando de convencer que el problema de una elite es el problema de la calle (curiosa lectura), lo cierto es que el ciclo de conflictividad que atravesamos no se resolverá con una nueva Constitución. Suturar las cicatrices de nuestra sociedad es un trabajo que, a nuestro pesar, parece que no alcanzará a realizar esta generación de políticos.

Claudio Arqueros, El Líbero, 08 de octubre de 2020

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El año pasado terminó con una crisis social, económica y política de proporciones. Y más allá de los análisis sobre sus causas, manejo, o impacto en el corto y mediano plazo, ciertamente afectó, de uno u otro modo, la cotidianidad de todos los chilenos. Tras un breve respiro estival, a mediados de marzo, con la llegada de la pandemia vimos nuevamente intervenidas nuestras vidas, volviéndonos a nuestras casas, cediendo libertades, y con la preocupación de otra nueva crisis económica ya evidente. Como si todo esto fuera poco, al pasar las semanas hemos debido agregar un temor más a nuestras conciencias ya zumbadas: el aumento de la delincuencia.

Hasta ahora, el Presidente Piñera ha demostrado (en ambos mandatos) eficiencia al momento de asumir el manejo de las crisis que ha debido afrontar (terremoto 2010, y ahora el coronavirus). Si bien el equilibrio entre el lugar que debe ocupar la tecnocracia v/s el de la política ―con sus ritos, símbolos, tiempos― es un claro déficit del oficialismo que por estos días lo ha vuelto a exponer a críticas, lo cierto es que las cifras y las opiniones de los (verdaderamente) expertos dan cuenta de la habilidad que tiene esta administración para guiar catástrofes. Pero así como este desempeño merece reconocimiento, también es reprochable que el gobierno, desde octubre hasta hoy, no haya sabido manejar el estallido delincuencial que aqueja al país. Y hay que decirlo, tanto porque el pacto social nos obliga a endosar la responsabilidad de la seguridad pública y la justicia en las autoridades, como también porque la situación sigue empeorando, y vivir en medio de tanta inseguridad (sanitaria, económica, delincuencial) afectará aún más la vida de las personas.

Desde octubre el país ha sido sometido a una ebullición insurreccional y antisocial, y hoy ―después de meses de padecer esa “nueva normalidad” que implicó asumir trenes, supermercados y buses quemados, calles tomadas (con la complicidad de rectores incluso), y conductores obligados a pagar “peajes”― la delincuencia sube los niveles de violencia y apunta con pistola a quien se cruce en su camino. Los asaltos con cuchillo van camino a ser parte de los archivos anecdotarios porque hoy son cada vez más frecuente los asaltos con armas de fuego. Según datos de la propia Fiscalía, como también de la ficha del sistema táctico operativo de Carabineros, los robos con violencia han aumentado, al menos en aquellas comunas que no tienen cuarentena (sin considerar las llamadas “cifras negras” que sabemos existen respecto de los delitos violentos). Todo esto se vuelve morbosamente visible al momento de mirar los matinales (tan apetecidos últimamente), los cuales exponen a diario numerosos casos que dan cuenta del aumento en los niveles de violencia con que se delinque en las distintas comunas, así también cómo las personas día a día se auto perciben cada vez más vulnerables. Sería lamentable que la “nueva normalidad” incluya acostumbrarse a vivir en un país donde la delincuencia fuese percibida como incontrolable, y que el “mejor” modo de paliarla sea confinarse.

Esta crisis tiene varias dimensiones, y junto con la salud y la economía, la seguridad ―por los efectos que tiene vivir con miedo― también debe ser prioridad. Por lo demás, esto es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno de centroderecha.

Claudio Arqueros, El Líbero, 07 de mayo, 2020

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Luego del momento de efervescencia social que experimentamos en Chile desde octubre del 2019, donde diferentes actores colmaban las calles exigiendo al Gobierno garantizar «derechos sociales universales», y culpaban de todo mal al rol subsidiario del Estado; un virus (imperceptible a la vista, pero de una repercusión letal) nos ha demostrado todo la importancia de dicho principio en medio de esta crisis que demanda día a día más auxilio quienes más lo necesitan y pone en entre dicho ese momento delirante en que varios ofrecían derechos sociales al infinito hasta hace pocos meses.

Y es que, a pesar de que todos los dardos apuntaban, estratégicamente, a la derogación de la actual Constitución de la República como responsable de dotar de este rol al aparato estatal, resulta que, en el actual momento de crisis ―esta vez sí inesperadamente― que provocó la COVID-19, la Carta Magna del país pudo utilizar todo su arsenal de medidas para que la perspectiva positiva de la subsidiariedad ayudara a aplacar los daños, tanto a la ciudadanía como a la economía, que está causando la pandemia. Pues, al parecer, parte del mundo político cree que el bolsillo no tiene nada que ver con la vida y desarrollo de las personas, y es por ello que separa las medidas económicas de las medidas sociales, como si no fuesen dos caras de la misma moneda.
Chile, en estos momentos, necesita más que nunca de la subsidiariedad. Ese principio que nos insiste en focalizar la ayuda en aquellos que más lo necesitan, como dejar a nuestros adultos mayores vacunarse primero, como levantar instalaciones hospitalarias en las zonas con más contagiados o como ayudar monetariamente a esas familias más vulnerables que se ven imposibilitadas de trabajar. Ese principio nos permite como sociedad civil también protegernos, a través de la voluntaria limitación de vender unidades acotadas en el mercado de elementos esenciales para evitar el acaparamiento y que, así también permite al Estado fijar algunos precios para evitar aún más los golpes económicos en la incertidumbre que genera esta emergencia.

Todo esto se refleja periódicamente en que esos mismos que bramaban por la eliminación de la subsidiariedad en medio del llamado “estallido”, la ofrecen ahora en los medios de comunicación ―unos más, otros menos― como necesaria y única respuesta posible a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.

Curioso esto, a 29 años del asesinato de Jaime Guzmán, uno de los impulsores de la subsidiariedad en nuestra institucionalidad.

Benjamín Cofré, El Líbero, 01 de abril de 2020

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La insurgencia que se vive desde octubre pasado ha dejado ver los diferentes elementos que alimentan esta crisis. Detenerse a observar las diferentes expresiones simbólicas de las movilizaciones puede ser una forma de aproximarse a dichos elementos. Entre los diferentes simbolismos encontramos el levantamiento del perro «Matapacos» como una figura aglutinadora ―y sintomática―.

La calle lo aplaude, lo incluye en las manifestaciones, lo restaura cuando se ha destruido, y le sonríe cuando lo ven pasar. Se han diseñado pañuelos y calendarios con su imagen, se ha internacionalizado su figura a través de la prensa, y hasta algunos lo replican en sus propias mascotas. «Matapacos» se ha convertido en un signo que refleja un lugar vacío. El vacío que declara es de autoridad y liderazgo, se deroga la conducción y los otros símbolos sobre los cuales hemos construido nuestra historia institucional (héroes, sistema político, valoraciones, etc.). La cultura partidaria se declara extinta y se desprecia todo líder que busque representar a la calle. No puede haber rostro detrás de la insurrección, por eso las capuchas de la primera línea de violencia se identifican con la imagen del perro. Es una expresión nihilista que habla a través de la emoción subjetiva; claro, se valora el acompañamiento de un quiltro, en tanto se muestra equivalente al sujeto pueblo que “se las rasca solo” y que “lucha en la calle”.

Pero «Matapacos» también apunta -y sobre todo viene a justificar- la violencia irracional contra la autoridad policial, lo cual es también sintomático de la opacidad que vivimos. Su imagen icónica simboliza la violencia impune (los perros no se van presos cuando atacan a una persona) de aquellos que buscan socavar nuestros márgenes sociales.

En medio de este ambiente de aparente jolgorio, toda esta “veneración” e identificación oculta un germen de alto riesgo, cual es el avance en el inconsciente colectivo de la naturalización de la violencia y la cancelación del orden público como una especie de derecho “nacido” de esta insurgencia.

De otro lado, igual es posible advertir que ―aun cuando la crisis que atravesamos es política y social (quitar el transporte y supermercados a la población más vulnerable devela un problema en el seno de nuestra sociedad)― parte importante de nuestro sistema político no ha logrado asumir con prestancia el rol protagónico en este drama. La izquierda opositora no se cansa de tensionar la escena con acusaciones constitucionales que buscan amedrentar a las autoridades y relativizan la violencia. Las odas a violentistas se han vuelto tan burdas como cotidianas.

La empatía con la violencia política reflejada en «Matapacos» sólo alimenta el desprestigio del sistema político porque nadie parece darse cuenta que su figura representa ―precisamente― la derogación de su rol. El brote derogante que crece en la calle no apunta sólo contra personas, sino además contra las instituciones y la cultura partidocrática. La calle deambula entre la epifanía y la tragedia. En cualquiera de los dos momentos, es derogante. Por eso, «Matapacos» ha sustituido a Allende, al “Che”, incluso a Palma y a Teillier. Por eso, además, la izquierda ―democrática y la otra―, lejos de ganar algo con su “empatía”, sólo profundizan más la crisis. O lo que es lo mismo, hipotecan (nuevamente) el futuro del país.

Claudio Arqueros, El Líbero, 30 de enero de 2020

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