Fuente: Prensa Cámara de Diputados

Junto con explicar los puntos favorables del Sistema de Financiamiento Solidario (Sifs), la analista legislativa Macarena Bravo indicó a los parlamentarios de la Comisión Investigadora que el CAE evidencia problemas en su diseño y que, pese ha haber cumplido un rol, es claro que requiere cambios.

Con la participación de la analista legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Macarena Bravo, la Comisión Investigadora sobre sistemas de crédito para el financiamiento de la educación superior continuó con su trabajo esta semana, analizando en este caso tanto las características del Crédito con Aval del Estado (CAE) como el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (Sifs).

Ante la instancia presidida por la diputada Camila Rojas, la cientista político puntualizó que cuando se implementó el CAE no fue previsto su alto interés, dejando evidencias de un problema de diseño en la política y en la negociación del Estado, que pudo haber utilizado mecanismos más concretos para obligar a bajar las tasas de interés, que finalmente se mantuvieron y aumentaron el sobreendeudamiento familiar.

Al ser consultada sobre la opinión de la Fundación Jaime Guzmán sobre si con el CAE existirían situaciones ilegales o abusivas en la banca, Macarena Bravo dijo que las instituciones bancarias solo se limitan a cumplir la ley. “Este fue un contrato que la banca hizo con el Estado y se sabían las cláusulas que contenía. El banco cumple la normativa. Se puede entrar a discutir si cambiar o no las cosas, pero hay que estudiar la situación específica que motivó ese acuerdo”, remarcó.

También explicó que, respecto a otros créditos para estudios que financian los propios bancos, el CAE es el menos costoso, aunque estimó que es claro que requiere un cambio. «Sin embargo; este mecanismo no es más injusto que los que actualmente entrega el banco para educación”, enfatizó.

Las parlamentarias Cristina Girardi, Camila Vallejo y Camila Rojas expusieron sus aprehensiones respecto al Sifs, ya que al rebajar los tiempos en que una institución deba estar acreditada para recibir los fondos del Estado se podría afectar la gratuidad con una menor calidad de educación.

Sobre dicho punto, la analista comentó que la calidad siempre debe ser lo más importante y que la gratuidad tiene mayores exigencias que la acreditación de las instituciones educacionales. «El nuevo Sistema de Financiamiento Solidario se acoge al mecanismo que establece el porcentaje de montos que se les entregará a las universidades, según su tiempo de acreditación”, precisó.

Comparando el actual Crédito con Aval del Estado y el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario, Bravo dijo que este último es contingente al actual ingreso medio del país y mejora la situación de los estudiantes, ya que, entre otros puntos, tendrá solo un 2% de interés.

Explicó que el pago máximo que hará cada estudiante cuando haya egresado será de un 10% de su ingreso. Si no tiene ingresos o si este es inferior al salario mínimo, tampoco tendrá que pagar. Al cabo de 15 años de pago, cualquier deuda que se mantenga se extinguirá. Todos los deudores actuales del CAE o del Fondo Solidario podrán acogerse a este nuevo sistema y los morosos también se podrán acoger a los beneficios. La deuda que tengan se va a incorporar al final de las cuotas de pago del nuevo sistema

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