En la década de 1990 ingresó al feminismo la Teoría Queer y el enfoque de género, creando los espacios para reflexionar sobre nuevos imaginarios sociales en torno a la sexualidad. Si anteriormente las feministas se distinguían entre aquellas de la igualdad (de inspiración liberal) y de la diferencia (de matriz marxista), la deconstrucción del ser y de la sexualidad vendría a complicar la teoría y la praxis política del feminismo, como también el activismo de las disidencias sexuales. El género (la performatividad del sexo, según Judith Butler) abre dilemas éticos que debemos poner atención. Pues justifica que toda sexualidad es permisible y que no se debe discriminar ninguna orientación sexual. Es así como se puede abrir la puerta para discutir que parafilias sexuales dejen de ser tabú, tal como la zoofilia, o peor aún, la pedofilia.

En Chile se ha visto en los últimos cinco años una saturación de la agenda progresista en términos de  sexualidad: ley de “no-discriminación”, luego ley de identidad de género y sexo registral, ley de despenalización del aborto en tres causales. Hoy se encuentra en primer trámite en el Congreso el proyecto de ley sobre la Educación Sexual Integral (que en las experiencias de España y Argentina han sido deplorables), y el proyecto sobre la Autonomía Progresiva que está en su segundo trámite constitucional.

Sin embargo, además ahora surgió una iniciativa presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la diputada Carolina Marzán (PPD), para derogar el artículo 365 del Código Penal, de esa manera se despenalizan las relaciones homosexuales entre adultos y niños. La justificación de este proyecto es que en caso de heterosexuales no ocurre, y que en caso de homosexuales significaría una discriminación. Si bien, uno podría estar de acuerdo que un joven de 19 años puede tener una relación con alguien de 17 años, esto es un Caballo de Troya. Pues, tal como ha operado el progresismo en esta materia, siempre va escalando poco a poco en sus fines.

Preocupa los horizontes a los que aspira el Movilh con este proyecto (puede revisarlo en http://www.movilh.cl/documentos/movilh-proyecto-deroga-articulo-365.pdf). Afirman que mujeres, minorías sexuales y niños deben “ejercer sus derechos sexuales reproductivos, de su amor y afectividad”, y que niños como adultos son sujetos que merecen los mismos derechos y garantías. Esto se repite también en el proyecto de Educación Sexual Integral y en el de Autonomía Progresiva, para dotar a menores de edad, es decir adolescentes y niños (que adolecen de un juicio formado y por eso no pueden ser imputados) para que consientan relaciones sexuales con adultos. En el proyecto de ley oficial ingresado a la Cámara se plantea el mismo fin buscando respaldo  en la Convención de los Derechos del Niño, señalando que se debe “garantizar la igualdad de trato de los niños y adultos ante la ley” (p. 06).

Este es claramente un ejercicio que busca abolir las diferencias entre adultos y niños. Así, prontamente estas relaciones “sexuales y afectivas” ya no llamarán la atención de nadie, y serán indiferentes para toda una sociedad. Así, cambian nuestro sentido común, lo que entendemos por bueno y verdadero.

Si bien la sexualidad es uno de los aspectos más íntimos del ser humano, el progresismo ha venido empujando para  erradicar las distinciones entre la esfera pública y la privada. Consignas como “lo personal es político” lo dejan en evidencia, pues de esta manera se puede politizar hasta las relaciones sexuales y amorosas. Pero lo más grave es pretender abarcar demandas que incluyan la “vida sexual” de los menores de edad, incluso en aquellos que aún no son adolescentes. Estamos presenciando numerosos Caballos de Troya en el Congreso, y hay que desmantelarlos antes que sea muy tarde.

Daniela Carrasco, El Mostrador, 18 de julio de 2020

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En el presente número, se analiza la moción parlamentaria presentada en la Cámara de Diputados que busca modificar las bases generales para la Educación Sexual y Afectiva, más conocida como Educación Sexual Integral. Esta iniciativa se opone a las propuestas realizadas por el Ejecutivo, y se aventura -siguiendo la tendencia internacional en agenda de género- a que se aplique obligatoriamente desde la educación preescolar. El proyecto, que se presenta como beneficioso y ambiguo, es en realidad una herramienta ideológica que busca atentar contra la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.

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