Por Jorge Jaraquemada

Publicado en CNN Chile, 29 de enero de 2023

Hablar del 11 de septiembre de 1973 obliga a repasar la crisis política institucional que, bajo el gobierno de Salvador Allende, se había agudizado sin precedentes. Dicho de otro modo, ese día no solo fue el inicio de un gobierno militar que puso fin por la fuerza a otro gobierno. La intervención militar fue la consecuencia de estrategias y prácticas estériles, inconexas, déspotas y depredadoras de nuestra democracia. La intervención militar no puede ser tratada como un acto aislado en el transcurso histórico. No. Es parte de un ciclo crítico y escorial en el que no hubo voluntades disponibles para superar las afrentas. El país enfrentó un gobierno de minoría que pretendió realizar una “revolución a la chilena” y que terminó dantescamente porque la ciudadanía y líderes así lo pedían.

El comienzo de nuestra crisis es anterior, por cierto, pero se agudiza y toma un camino sin retorno durante la Unidad Popular. Un presidente que declaraba que no lo era de todos los chilenos y que -en una histórica entrevista- señalaba que el camino era el socialismo; un sector de la izquierda que presionaba por apurar la revolución; un Fidel Castro que hacía notar el rumbo que debía seguir nuestro país; un Carlos Altamirano que contribuyó a politizar las Fuerzas Armadas y a mantener con fuego la hoguera política; en fin. Mientras tanto, la ciudadanía se batía entre la pobreza, la escasez, la inflación, la polarización y las múltiples vulneraciones al Estado de Derecho. En suma, hay antecedentes, que aún no se escrutan del todo, y que permiten asumir que el proyecto de la Unidad Popular utilizó la ruta electoral solamente como una plataforma para una revolución socialista que buscaba controlar el poder total. Eso se desprende de múltiples intervenciones de Allende. Por ejemplo, la declaración de los máximos dirigentes del PS (El Mercurio, 28/2/1967), su entrevista a Regis Debray (Punto Final, 16/3/1971) o su primer mensaje al Congreso Pleno en 1971.

Por todo esto, la discusión sobre el 11 de septiembre de 1973, más que conceptualizarlo, debe explicarlo. Esto supone hacerse cargo de qué (acontecimiento) exactamente irrumpe como una ruptura y qué (fenómeno) es lo que se estrella con los militares. Asumir la crisis de esa época es el paso primero y mínimo. Otro es si dicha crisis ya tenía rasgos de guerra civil. Un tercer nudo crítico insoslayable para quienes critican la intervención militar es qué condiciones reales de posibilidad existían para haber evitado el 11 de septiembre. Porque hoy un sector dice: nunca más podemos terminar así, nunca más los militares deben bombardear La Moneda ni salir con fusiles. De acuerdo. Pero la pregunta histórica es ¿qué otra salida estaba sobre la mesa en ese momento, quiénes la propusieron y cómo se concretó esa voluntad? Es decir, ¿era posible otra salida, no desde el prisma de hoy, sino desde aquel momento histórico?

Al menos Patricio Aylwin, en una entrevista otorgada poco después del 11 de septiembre de 1973, señalaba: “la destrucción institucional a la que había llevado el gobierno de Allende al país provocó un grado de desesperación y angustia colectivo que precipitaron el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas (…) En esas circunstancias, creemos que la intervención de las Fuerzas Armadas se adelantó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”. Estas palabras contribuyen a comprender mejor la agudeza de la crisis que atravesaba el país, pero sobre todo expresan que no es justo hablar de la intervención militar desde la teoría de las “diversas salidas posibles”, pues las alternativas en la historia se dan en presente y concreto, no en abstracto o de manera posterior.

Esto importa porque al referirnos a la fecha como acontecimiento, después de cinco décadas, se requiere asumir que, precisamente después de todo este tiempo, no hemos querido avanzar en entender el ciclo completo, sus causas, los desbordes políticos y la responsabilidad de quienes no supieron hacer lo que debían.

Hemos hablado de derechos humanos, hemos avanzado en comisiones, juicios, memoria y reparaciones. Y si es necesario podemos seguir haciéndolo. Se ha castigado a quienes cometieron atropellos atroces y las Fuerzas Armadas han pedido perdón por eso. Pero hay temas tabúes que, en la dimensión que les corresponde ser tratados: la política e histórica, son evitados porque un sector amplio de la izquierda ha reconstruido una figura épica de Allende que no aceptan poner en el tapete de discusión. De político, de presidente, pasó rápidamente a héroe. Nuevamente no. Allende y su gobierno deben ser sometidos al escrutinio político profundo.

Ciertamente, él no es responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas con posterioridad a su suicidio. Pero debe analizarse su responsabilidad como primer mandatario por vulnerar sistemáticamente el Estado de Derecho, permitir tomas ilegales, impedir que se aplicaran fallos judiciales y tensionar la relación con el Poder Judicial, por militarizar su gabinete, transitar con civiles armados a su alrededor, por la inflación histórica que martirizó al país y por su responsabilidad en la polarización sin retorno que infectó al sistema político. No sin antecedentes, la Cámara de Diputados, en su declaración de agosto de 1973, lo acusa severamente de falta de legitimidad.

Hoy, a cincuenta años, es demasiado fácil afirmar que el quiebre institucional podría haberse evitado y que lo ideal era haber hecho más esfuerzos por impedirlo. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y no precisamente por responsabilidad de las Fuerzas Armadas o de la inmensa mayoría del país que deseaba la salida de Allende y el término de su nefasto y fallido proyecto. Después de décadas mirando hacia los cuarteles, es momento que la política y los políticos -los mismos que insisten en compararse con Allende- se abran a discutir en serio, con profundidad y en diálogo democrático, respecto de la crisis que vivimos en ese entonces, para aprender y superar las heridas. ¿Cómo llegamos a odiarnos? ¿Cómo llegamos a validar la violencia? Son preguntas que es necesario responder en un plano de concordia y sana amistad cívica. Las consignas, el tweet polarizante, los gritos, los lienzos -tan típicos y esperables cada 11/09- dejémoselo al dirigente universitario.

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En un artículo publicado hoy en El Mercurio, nuestro Director Ejecutivo, Jorge Jaraquemada se manifestó a favor de la necesidad de contar con altos estándares de transparencia en la Convención Constitucional que cambiará nuestra carta magna este año.

Pese a que el trabajo de la Convención comenzará con cerca de siete meses de retraso producto de la crisis sanitaria emanada por el covid-19, el debate en torno a materias de su pertinencia no cesa, indica el matutino.

Es por ello que nuestro Director Ejecutivo, Jorge Jaraquemada, propone que la convención se rija en su reglamento pro la actual Ley de Trasnparencia, lo que permitiría aplicar el «privilegio deliberativo», figura que contempla una dosis de reserva para que las negociaciones avancen «sin tener que someterlas, inmediatamente, al escrutinio público».

«La Convención podría establecer que se regirá por los principios de la actual Ley de Transparencia. Esto posibilitaría aplicar lo que se conoce como ‘privilegio deliberativo'», indicó.

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El 1 de abril de 1991 fue asesinado el senador Jaime Guzmán Errázuriz por un grupo terrorista del FPMR, luego de que dictara su clase de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El crimen generó impacto y repudio transversal en el mundo político, los medios de comunicación cubrieron su funeral y el féretro con su cuerpo fue acompañado por miles de personas desde la salida de la iglesia de la Gratitud Nacional hasta el Cementerio General. A 30 años de su asesinato, si hay algo que un país civilizado esperaría es haber dejado atrás cualquier atisbo de violencia política, la misma que significó que una persona electa democráticamente fuera eliminada del modo más radical. Sin embargo, no parece posible afirmar aquello.

Desde hace ya varios años nuestro país viene caminando por senderos en que la violencia gana espacios, incluso mucho antes de octubre de 2019. Recordemos los saludos a Corea del Norte, los silencios ante las violaciones a los DDHH en Nicaragua y los apoyos a la dictadura venezolana. Luego se sumaron los ataques a autoridades que, a vista y paciencia de todo el mundo, comenzamos a presenciarse en nuestro país. Lejos de calmarse el clima, al corto tiempo comenzamos a escuchar y leer en distintas manifestaciones mensajes de agresión. La tolerancia ya no era un valor en liceos y universidades que destacaron históricamente por su pluralismo. Los “overoles blancos” intentaron prender fuego a profesores y lo lograron con policías e íconos religiosos. En La Araucanía se acrecentaba día a día la violencia hasta hacer cotidiana y horrible, como sucedió con el crimen por incendio de un matrimonio. Las causas que se alegaban traían consigo expresiones emocionales cargadas de resentimiento que paralizaron a algunos y silenciaron a otros. Es así que nuestra sociedad se fue acostumbrando a las “funas” y al avance de una violencia política que se hizo cotidiana. De a poco los marcos de nuestro estado de derecho parecían menos importantes que los medios que se utilizaban para defender algunas causas.

Este lamentable paisaje ha sido acompañado de un lenguaje político que relativiza los actos violentos para luego justificarlos y apoyarlos sin pudor. Los partidos de la ex Concertación cedieron ante los auto flagelantes y las elites jóvenes que, desde una crítica frontal y sin tregua a la transición chilena, prometían una renovación de la política. Lamentablemente, lejos de traer nuevos aires a nuestra cotidianidad, los rostros del arco frenteamplista mostraron una agenda que, desde un diagnóstico trágico de nuestra modernización, contribuía a agudizar el clima violento en nuestro país. Es así como, por ejemplo, el diputado Gabriel Boric (hoy pre candidato a la Presidencia de la República) llamaba a inicios de 2018 a defender el legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, incluyendo explícitamente a “Ramiro”, uno de los asesinos de Jaime Guzmán, en dicha apología. El mismo diputado (acompañado de la parlamentaria Maite Orsini, de la misma coalición) se reunió secretamente en Francia con Palma Salamanca, otro condenado como autor material del crimen de Guzmán. Como si fuera poco, y casi como un adelanto de lo que vendría, a inicios de 2019 se viralizó un video en que el mismo parlamentario exhibía una polera con el rostro acribillado del senador, situación que provocó el deplorable comentario “bien muerto el perro” de la también diputada Marisela Santibáñez, en la Fiesta de los Abrazos del PC. Paralelamente, en La Araucanía seguía avanzando una violencia sin control. Sumemos a todo esto los frecuentes actos de vandalismo que han sufrido el memorial y la tumba de Jaime en los últimos años. Es curioso que el inicio de esta espiral se acentuara notablemente a partir de 2011, es decir, luego que la izquierda perdiera el poder que tuvo por 20 años. ¿Será que la derecha ve en los otros un adversario al cual vencer, mientras que la izquierda nos mira como enemigos a quienes aniquilar?

A partir del 18 de octubre de 2019, este avance de la violencia política “estalló” en sus diferentes expresiones de un modo abrupto y sin complejos. La agenda que comprendía una radicalización del lenguaje y la normalización de las acciones violentas contribuyó, de modo progresivo, al apoyo implícito y explícito que muchos actores de izquierda han dado a las distintas acciones violentas que hemos padecido desde que se inició la insurrección. Desde hace un año y medio, el país ha presenciado homenajes a los violentistas de Plaza Baquedano (los mismos que obligaron a quitar la estatua que lo honra), resquicios para intentar destituir al presidente Piñera, acusaciones constitucionales a toda autoridad que intente hacer respetar el estado de derecho, declaraciones de la ex presidenta del Senado para saltarse impúdicamente la Constitución, “llamados de la naturaleza” a los niños para que se salten torniquetes y caminen hacia la revolución, adhesión a “quemarlo todo” de otra parlamentaria frenteamplista y así un largo etcétera.

El lugar en que nos encontramos hoy no ha sido casual y, por lo mismo, no debería sernos indiferente. El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución se logró precisamente por el riesgo que la violencia representaba para nuestra democracia. Si hoy las minorías suponen que por el solo hecho de serlo tienen derecho a usar la violencia para avanzar en sus causas es porque desde hace varios años algunos actores recomenzaron a instalarla persistentemente en el centro de sus discursos. La frase “por las buenas o por las malas” con la que aludía el cambio constitucional un actual candidato a constituyente no fue un exabrupto, como tampoco lo es hoy llamar “ajusticiamiento” al cobarde atentado terrorista que le quitó la vida a Jaime Guzmán. Sin embargo, ya no genera consenso condenar declaraciones como estas, precisamente porque se ha instalado semánticamente la aceptación o tolerancia a la violencia en las diferentes capas sociales, modos de conducta y medios de comunicación. Es decir, la nueva normalidad parece incluir naturalizar la violencia política o el olvido de lo que debiera marginarse éticamente en democracia.

A 30 años del asesinato cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en las afueras del Campus Oriente, estamos muy lejos de aquel país al que aspirábamos en 1991. Nuestra democracia está debilitada, cada vez compartimos menos valores comunes y la forma de disputarlos es por medio de la descalificación o la violencia. Peor aún, esa violencia se legitima a plena luz del día en cementerios, hospitales, el Congreso, en los liceos y universidades donde se educaron nuestros presidentes. Esta realidad lamentable deberíamos asumirla como un llamado urgente a reflexionar sobre cómo detener la polarización y la violencia política que atravesamos, pues los riesgos que implica pueden llevarnos a un despeñadero. Un senador murió asesinado hace tres décadas víctima de la violencia política. Hoy para algunos no sólo es legítimo que sus autores confesos y condenados lo llamen públicamente “ajusticiamiento”, como un acto amparado por la libertad de expresión, sino que además intenten avalar éticamente ese crimen. Parece necesario preguntarse entonces de qué modo podría permear nuestra cultura naturalizar declaraciones como esta, teniendo presente cómo la validación de la violencia que aquí hemos advertido ya se hizo evidente el 18 de octubre de 2019.

Jorge Jaraquemada, CNN Chile, 29 de marzo de 2021

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Fuente: La Tercera

El Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, conversó con La Tercera sobre las reformas emblemáticas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el debate al respecto para aprobar dichas iniciativas.

En este sentido, a partir de la discusión a nivel intelectual, Jaraquemada indicó que “El corazón de todo este asunto y lo que se juega es si vamos a generar un clima económico proactivo, con empleos y dinamismo, o finalmente vamos a permitir que se nos pongan trabas. Ya no se trata de un debate pretérito respecto de capitalistas y socialistas. En las sociedades de hoy es necesario ver el impacto económico y todas las políticas tienen ese impacto económico”.

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El Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, conversó el medio internacional “The Economy Journal”, proveniente de España, sobre transparencia y temas públicos.

“Lamentablemente América Latina, en general, exhibe niveles bastantes preocupantes de corrupción. En nuestro subcontinente se presentan una serie de circunstancias que debilitan las instituciones y tienden a naturalizar relaciones informales que favorecen la corrupción, tales como la inestabilidad económica, baja eficiencia gubernamental, una baja participación democrática e insatisfacción con la democracia, bajos niveles de confianza, debilidad del estado de derecho, fragilidad institucional e incluso episódicamente la irrupción del populismo”, indicó.

Al ser consultado por el papel de las instituciones en situación de corrupción, Jaraquemada agregó que “las instituciones tienen un rol clave en la lucha anticorrupción. Se requieren instituciones robustas y confiables para enfrentar y frenar la corrupción. Por ello es preocupante la debilidad que las instituciones políticas presentan en la mayoría de los países de América Latina en las últimas décadas, con algunas excepciones, y los bajos niveles de credibilidad que ellas tienen entre los ciudadanos. Por eso, la mejor manera de enfrentar la corrupción, a mi juicio, es con un enfoque de modernización del Estado, donde la generación de confianza y de fortaleza institucional sean objetivos centrales.”

Revisa la entrevista completa aquí.

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El Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, conversó con “Radio Mistral”, en el contexto de una visita al Programa de Formación de Líderes Jóvenes, organizado por la juventud UDI en la ciudad de Coquimbo.

Fuente: El Día

En entrevista con  el  programa Tribunal Social de  Radio Mistral, Jorge Jaraquemada explica que una de las áreas principales a las que se dedica la Fundación Jaime Guzmán es la formación de jóvenes, prepararlos para ser mejores ciudadanos y acercarlos al servicio público, entendido en un sentido amplio y no sólo como una actividad política.

Sin embargo, por motivos de disponibilidad de recursos, son pocas las oportunidades de realizar cursos de formación fuera de Santiago, razón por la que las actividades en La Serena han sido de carácter excepcional.  “Estos cursos no sólo están enfocados en jóvenes que militen en la UDI, sino que en cualquiera que esté interesado en la política, como por ejemplo, universitarios que deseen profundizar en políticas públicas”, detalla Jaraquemada.

Liderazgos Jóvenes

El también integrante del directorio del Consejo Para la Transparencia, designado por Sebastián Piñera durante su primer gobierno y ratificado durante la administración de Michelle Bachelet, expresa que “hay muchos líderes jóvenes en el partido. Hoy la UDI ha ido renovando sus liderazgos, los que suelen partir en actividades de formación, como Sergio Gahona. Quizá él sea uno de esos líderes, sobre todo en esta región. A nivel nacional, están Javier Macaya e Issa Kort (diputados por O’Higgins), María José Hoffman (diputada por Valparaíso), Jaime Bellolio (diputado por la Región Metropolitana), Enrique Van Rysselberghe (diputado por Biobío), en fin. Hay mucha gente joven que tiene liderazgo en los espacios juveniles, en distintas regiones del país”.

¿Cómo creen que ha impactado la polémica suscitada luego de la aparición del diputado por el Maule Ignacio Urrutia, defendiendo a Augusto Pinochet?, ¿Eso ha causado alguna influencia en los jóvenes?

“Creo que lo importante es transmitir a la juventud que se está formando, visiones y convicciones concretas, con valores y principios.  Cuando hacemos nuestros ciclos de formación y charlas, nos vamos siempre hacia los principios, como la libertad, la dignidad y la igualdad. Obviamente nos interesa también una mirada histórica. En un momento, se produjo en Chile un quiebre institucional relevante y yo creo que hoy, se dejan de lado las causas que llevaron a ese quiebre. Normalmente se mira el período del autoritarismo, el régimen militar, o como se le quiera llamar, como un momento en que hubo violaciones a los Derechos Humanos y ciertamente, esas violaciones a los Derechos Humanos ocurrieron y están judicialmente acreditadas. Pero, ¿fue sólo eso el régimen militar?, ¿se agotó ahí el régimen militar?  A mi modo de ver, no. Antes de eso, hubo un quiebre institucional que fue provocado por una descomposición de la política, de la economía e, incluso de las bases éticas sobre las que se sustentaba la actividad política en Chile y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de analizar la historia de nuestro país. El quiebre institucional que llevó al golpe militar no ocurrió porque sí, ocurrió por una serie de elementos. Ocurrió porque había un gobierno que trataba de instaurar una verdadera dictadura de izquierda. Lo que logramos, finalmente, con el quiebre institucional, en el largo plazo, mediante una serie de elementos, algunos bastante buenos y otros bastante malos, como fueron las violaciones a los Derechos Humanos, fue recuperar la democracia”

¿Es muy complejo para la UDI tener que salir a defender al diputado Urrutia ante estas controversias?

“No. Creíamos que esos temas iban quedando de lado, pero es la izquierda la que no deja que vaya quedando de lado. Ves que, a raíz de cualquier cosa, el tema surge nuevamente, porque creo que es el tema que les conviene a los partidos de izquierda, que meten una tranca donde finalmente, terminan tropezando los partidos de Chile Vamos, cuando no hay claridad conceptual para apreciar procesos históricos. No comparto el juicio que hizo el diputado Urrutia en su momento. Sin embargo, me parece que reponer a estas alturas, bonos y compensaciones para las personas que están en esas situaciones, me parece desproporcionado, pero él fue bastante más polémico al decirlo. ¿Le conviene a la UDI? Creo que no, pero tampoco le conviene a la actividad política, porque la actividad política debiera mirar hacia el futuro y los consensos que nos permita construir un país que nos interprete a todos o a la mayoría, al menos. Estamos mirando un pasado bastante antiguo. Pensemos que los jóvenes que asisten a los cursos de formación nacieron luego que se recuperó la democracia. Nosotros nos dedicamos a formar gente que está en la edad universitaria. Entonces, obviamente, creemos que a ellos, estos temas los interpelan poco, no les es atractivo debatir sobre ellos”

Entonces, ¿cómo se desmarcan de la figura de Pinochet para atraer a jóvenes gremialistas?

“No es un tema de desmarcarse. Creo que hay que reconocer los logros positivos y yo creo que fueron básicamente, una herencia de una institucionalidad económica que ha posibilitado el desarrollo de Chile durante los últimos 40 años. La verdadera modernización de Chile comienza el año 75, cuando Chile se abre unilateralmente al mundo, en la lógica de exportar. Después, con los gobiernos de la Concertación, vino la lógica de los acuerdos bilaterales de libre comercio y esto se profundizó.  Se sentaron las bases de este modelo, que nos tiene con un PIB per cápita cercano a un país desarrollado, con primeros niveles de desarrollo humano en América Latina, índices que nos permiten decir que Chile ha andado por un buen camino en este último tiempo”

Diversidad dentro de la derecha

El exdiputado y excandidato presidencial José Antonio Kast oficializó el 19 de abril de este año, la creación de su nuevo movimiento político Acción Republicana, convocando a un mundo más cercano a la extrema derecha, que incluye a figuras como Cristian Labbé, exalcalde de Providencia y que promueve entre otras temáticas, la lucha contra la delincuencia, la defensa de la familia, la lucha contra la corrupción, materias “pro-vida” y la libertad económica.

Consultado respecto del panorama en la UDI luego del surgimiento del movimiento de Kast, quien obtuvo el cuarto lugar en la primera vuelta presidencial con el 7% de los votos, Jaraquemada asegura que “él refleja una cierta tradición al interior de la UDI.  Él tomó una opción y esa opción es trazar una trayectoria fuera de la UDI y eso me parece legítimo y respetable”. Sin embargo, Jaraquemada plantea que no es posible establecer que Kast sea un continuador de la obra de Jaime Guzmán.

En este sentido, el director de Fundación Jaime Guzmán plantea que es válido que en la centroderecha converjan visiones que van desde lo liberal a lo conservador, tanto en lo económico como en lo valórico y define la perspectiva de la UDI como “un mix entre la visión económica liberal y un conservadurismo en lo antropológico”.

Crítica al Frente Amplio

Consultado respecto a los planteamientos del Frente Amplio, cuyo surgimiento se debió en una importante medida, a los movimientos estudiantiles universitarios y que mantiene una visión crítica del modelo económico y el lucro en la educación y su contraste con la visión conservadora que propone el gremialismo, Jaraquemada plantea que “hay que hacer varias precisiones.  Me parece que son visiones que están en la polémica, porque la sociedad los expresó fuertemente, por ejemplo, en las marchas de los estudiantes de 2011 o en las marchas contra los abusos. Sin embargo, creo que ha habido una serie de estigmatizaciones de un modelo económico que ha sido extremadamente nutritivo para el país”. Jaraquemada comenta que no comparte dichas visiones: “creo que ellos obedecen a una visión que es bastante añeja, sobre los modos de relacionamiento político en la sociedad. Cuando el Frente Amplio, por poner un ejemplo, tiene ideas que están ancladas fuertemente en el pretérito. Cuando tú miras el esquema ideológico que usan para analizar, lo que hay allí son las viejas ideas de los 60. La gente del Frente Amplio está ejerciendo un liderazgo, pero no creo que un país liderado por el Frente Amplio sea algo bueno de esperar”

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A partir de la discusión entre los municipios de Las Condes y Vitacura por el uso de determinados suelos para construcción de viviendas sociales, el vespertino La Segunda conversó con el Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, quien dio sus impresiones al respecto.

En este sentido, Jaraquemada indicó que no ve “que este tema en particular obedezca a una visión distinta de la derecha, me parece que es un poco alambicado hacer ese análisis. Es una decisión más práctica sobre el uso de los terrenos. No suscribiría a eso (derecha social v/s aristocrática), es poner los ejes de la discusión en un contexto del siglo XIX”.

“Sí creo –precisó- que hay ciertos énfasis en la derecha que tienen que ver con el rol del Estado más que de los aristocráticos versus populares. Esos énfasis se reflejan en su el Estado debe un rol más presente o menos presente en ciertos temas”.

Jaraquemada apunta que “Joaquín Lavín siempre ha tenido una mirada más social sobre los temas, eso ha quedado explícito en su carrera política. Lo que sí es claro es que Joaquín Lavín siempre ha tenido esa orientación muy específica que tiene que ver con el sello de la UDI. Cuando la UDI habla del tema de ser un partido popular surge eso, una preocupación preferente por los sectores más vulnerables”.

Revisa la nota completa en este link

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DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago de Chile, 22 de marzo de 2018

Ayer miércoles 21 de marzo en la Universidad Arturo Prat de Iquique, el miembro del directorio de la Fundación Jaime Guzmán, señor José Antonio Kast, fue víctima de una cobarde agresión por un grupo de universitarios. Repudiamos y condenamos enérgicamente esta acción, así como los solapados intentos por justificarla que se han expresado por algunos actores de la sociedad chilena. Más grave aún es que estas expresiones violentas surjan en una universidad, es decir, el espacio que por antonomasia debiera ser expresión de la diversidad de ideas y del debate racional.

La intolerancia y el odio que originan la violencia política, parten escudándose en el anonimato de las redes sociales y luego van escalando hasta llegar a la agresión física e incluso a su justificación política. Preocupa profundamente que aún existan personas en nuestro país que consideran legítimo el uso de la violencia para acallar la legítima expresión de ideas. Jaime Guzmán fue víctima precisamente de ese odio e intolerancia y lo pagó con su vida.

La violencia política debe ser rechazada de plano, sin matices ni ambiguedades, pues si se anida en la sociedad va erosionando la convivencia y el estado de derecho hasta socavar las bases del comportamiento democrático. La Fundación Jaime Guzmán mantiene un firme compromiso con la construcción de un mejor país. Esto se logra a través del diálogo entre todos quienes adhieren a los valores democráticos, tales como la promoción de la dignidad humana, la justicia, la libertad y la paz.

Jorge Jaraquemada
Director Ejecutivo
Fundación Jaime Guzmán

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Iniciado el segundo mandato del Presidente Piñera, sus desafíos están por lo pronto en cumplir las metas que él mismo se ha fijado en el anuncio de los cinco ejes sobre los cuales quiere generar acuerdos. Sin embargo, considerando que Chile Vamos se ha propuesto gobernar ocho años, el reto más decisivo es liderar un núcleo programático -representativo doctrinariamente- que proponga una actualización del proyecto político de la centroderecha, capaz de asumir las complejidades de la sociedad a través del ofrecimiento de un nuevo pacto a la altura del Chile del nuevo siglo. Esto implica ir más allá de la administración de la coyuntura y la resolución de focos de conflicto. Pues, ninguna de las discusiones que se han iniciado -ya sea sobre el sentido de lo público, la importancia del crecimiento, así como los cambios culturales que algunos proponen – soportan neutralidad o silencio.

No basta solo administrar las tensiones doctrinarias del sector, sino estimular su convergencia en torno a mínimos comunes que posibiliten un proyecto político. Avanzar en un desarrollo humano con sello social, como anunció el Presidente en su primer discurso, requiere avanzar en un programa que proponga un modelo de sociedad fundamentado en una antropología que delimite el rol del Estado en el camino al desarrollo. Este desafío requiere liderazgos claros que impulsen el horizonte que se anhela. Para lograrlo es imprescindible que el Presidente se involucre y lidere esta tarea.

Jorge Jaraquemada, La Tercera, 13 de marzo de 2018

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El Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, conversó con El Mercurio sobre cuál debiese ser el sello del futuro Gobierno encabezado por el Presidente Electo, Sebastián Piñera.

Fuente: Reportajes El Mercurio

Para Jorge Jaraquemada, Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, el sentido “más profundo y decisivo” que puede tener el próximo gobierno para el futuro de Chile Vamos es liderar un núcleo programático “que sea representativo en lo doctrinario, que se dedique a reflexionar y proponer una modernización del proyecto político de la centroderecha”.

Jaraquemada explica que este núcleo debe “ser capaz de asumir las actuales particularidades de la sociedad chilena y que le ofrezca una suerte de nuevo pacto con el sector”.

El Director Ejecutivo de uno los principales centros de pensamiento de la centroderecha – que preside el ex senador Jovino Novoa– señala que “esto implica la decisión de ir más allá de la mera administración de la coyuntura y la resolución de conflicto que inevitablemente le surgen a todo gobierno”.

En este sentido, Jaraquemada sostiene que “no se trata solo de administrar las tensiones doctrinarias de la centroderecha, sino de estimular su convergencia en torno a mínimos comunes que posibiliten un proyecto político moderno y convocante”.

Y para lograr esto, apunta que “es preciso que el Presidente se involucre y lidere esta tarea”.

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Fuente: El Líbero

El Director Ejecutivo de la FJG, Jorge Jaraquemada, sostiene que el hecho de que el asesino confeso del senador Guzmán haya sido condenado, debiera facilitar su extradición a nuestro país, aunque advierte que el ex frentista eligió Francia por su histórica protección a extremistas.

El 28 de marzo a las 14:00 horas de Francia se realizará la audiencia de extradición de Ricardo Palma Salamanca, autor confeso de los disparos que le dieron muerte al senador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991.

La audiencia se realizará en la Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de París, la misma que el sábado liberó al ex frentista y lo dejó sólo con firma diaria hasta que se resuelva la petición de extradición.

La libertad provisional de Palma se decretó luego que su defensa solicitara el asilo político, señalando que el ex integrante del FPMR “no tuvo un proceso justo” en Chile, donde se le condenó a cadena perpetua por el asesinato del ex parlamentario. La condena quedó inconclusa luego que se fugara de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996.

Sin embargo, el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, advirtió que Francia tiene una posición “bastante sui generis pese a haber sido víctimas de terrorismo”, ya que “hay precedentes de Francia actuando en defensa de terroristas, de manera que no me sorprendería respecto de la decisión final que adopten los tribunales franceses”.

Ese tema con todas sus implicancias legales y políticas es analizado para “El Líbero” por Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán.

¿Qué le parece la solicitud de extradición de Chile?

– La solicitud de extradición es del todo pertinente. No es una persona acusada que se le atribuyen eventuales participaciones en un delito, sino que estamos en presencia de alguien que fue condenado por la justicia chilena. Él confesó el crimen y existe un largo y conocido texto en que narra lo que hizo. Estamos frente a un condenado que habiendo comenzado a cumplir su condena se fugó en 1996. Posteriormente está acreditada su participación en otros delitos por secuestro en Brasil y México que no tienen que ver con el caso Guzmán. Imagino que sería su forma de supervivencia en su peregrinaje por el mundo. En el caso chileno, cuando una persona está fugada y se encuentra fuera del país, la prescripción se duplica. Por ejemplo, si pasó cinco años en el extranjero se aumentan a 10 años porque el tiempo no puede correr en beneficio del prófugo sino de la justicia que lo persigue. Sobran los méritos para que la solicitud de extradición que se presente sea bien acogida.

¿Podría estar prescrito el delito en Francia como dice el abogado de Palma Salamanca?

– Si Francia tiene otra interpretación de los hechos, como dice su abogado Alberto Espinoza, quien también representa a Galvarino Apablaza, eso será una interpretación de la que discrepo. Él plantea que la prescripción en Francia requiere menos tiempo y no considera ampliar los plazos cuando la persona está en el extranjero. Un requisito normal para la extradición es que el delito sea delito en ambos países, y es evidente que el homicidio lo es, y que no hayan operado las prescripciones. Lo que dice el abogado de que se aplican los plazos de prescripción franceses, es un volador de luces, porque Francia no lo condenó y no es prófugo de su justicia y lo lógico es que se le aplique la ley chilena.

¿Podría recibir asilo político del gobierno francés?

– El mecanismo de cómo funciona el asilo lo ignoro, pero ha sido una estrategia típica de esta gente. Lo curioso es que pida asilo 22 años después de haberse fugado de la cárcel de alta seguridad. Cuando uno solicita asilo político es porque puede ser víctima de un delito de carácter político. Por ejemplo, los venezolanos asilados en la embajada de Chile en Caracas temen ser detenidos por su posición contraria al régimen de Maduro. Acá es distinto. Él confesó un delito, fue condenado y se fugó. No se aplican los principios generales del derecho para conseguir asilo de una persona, sino tendríamos a todos los delincuentes escapados pidiendo asilo por todo el mundo. Los asilos se piden ante los gobiernos, no la justicia. Son procesos administrativos que tienen su reglamentación particular.

¿Cuáles serían los plazos del proceso de extradición?

– El requerimiento de extradición no es para que sea juzgado sino para que cumpla su condena. Eso facilita el proceso. Lo que debiera chequearse es que se trata de la persona que se dice, que es Ricardo Palma Salamanca y que no hubiera ningún otro problema del plazo de prescripción. El asilo lo resuelve el gobierno francés y la extradición la resuelve la justicia francesa. Puede durar varios meses. No todos los procesos de extradición son similares. En México la extradición de Raúl Escobar no lo resuelve el poder judicial, sino el gobierno. Normalmente el proceso de extradición se radica en la Corte Suprema y es la única instancia.

En tiempos pasados, Francia ha dado refugio a terroristas de ETA, por ejemplo. ¿Temen que pudiera repetirse eso en este caso?

– Este señor no eligió a Francia por el azar, sino porque sabe que tiene un historial de ser garantista o protector de quienes reclaman asilo político y dicen ser perseguidos, y el ejemplo de la ETA es evidente. Francia y Bélgica suelen dar refugio a extremistas. No creo que la elección de país haya sido fruto del azar. Sabe que tiene mejores opciones de recibir protección y cuenta con una amplia red de apoyo político. De hecho, ya le están brindando asesorías y abogados.

El vicecanciller francés puso en duda el Estado de derecho de Chile, según el diputado Issa Kort. ¿Qué opina de ello?

– Es bastante peregrino hacer una afirmación de ese tipo. Chile reúne todas las características para ser considerado un Estado de derecho, y a todas las personas se les asegura un justo proceso. Decir lo contrario es una afrenta al sistema judicial. Lo que es buena noticia que en los últimos 2-3 años se ha agilizado, se descubrió a Raúl Escobar y a Palma. Escobar nunca había sido detenido y hoy está preso en México. Hay mejor chance de obtener justicia que hace cinco años.

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El 01 de abril se cumplirán 27 años del asesinato de Jaime Guzmán. De los seis autores intelectuales, miembros de la directiva del FPMR que adoptó la decisión de asesinarlo, solo Enrique Villanueva cumplió una breve condena. Los demás han eludido a la justicia chilena: Galvarino Apablaza es refugiado político en Argentina desde 2010, aunque podría ser extraditado, pues el actual gobierno le retiró esa calidad: Juan Gutiérrez vive en el paraíso comunista de los Castro; Mauricio Hernández fue condenado pero se fugó en 1996 de la cárcel de “Alta seguridad” y hoy está preso en Brasil por secuestro; Marie Emmanuelle Verhoeven ha sido detenida dos veces en el extranjero, pero su extradición no ha prosperado, e Iván Figueroa fue asesinado por sus propios “compañeros” en lo que ellos denominan un “ajusticiamiento”. Los autores materiales han tenido similar suerte. Raúl Escobar fue apresado en México el 2017 por participar de una banda de secuestradores y Ricardo Palma, también condenado y luego fugado en 1996, por estos días ha sido detenido en Francia, pero después fue liberado.

La búsqueda de justicia para Jaime Guzmán ha sido procelosa: pruebas que desaparecen, una oprobiosa fuga desde la cárcel de “alta seguridad” y una extensa red de protección internacional que se ha manifestado en generosos asilos de gobiernos afines a su ideología y en decisiones de otros que consideran que Chile no ofrece garantías para un debido proceso. Ojalá los últimos sucesos comiencen a enderezar este tortuoso camino: los gobiernos de Argentina, México y Francia tienen la palabra.

Jorge Jaraquemada, La Tercera, 19 de Febrero de 2018

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Fuente: La Segunda

Una vez que se tomaron las fotografías, el moderador del foto «Profesionales por #TiemposMejores», organizado por la UDI y la Fundación Jaime Guzmán (FJG), Pablo Terrazas –secretario general del partido -, pidió a la prensa que se retirara para iniciar la actividad privada. Expusieron la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, el futuro ministro de Economía, José Ramón Valente; la próxima titular de la cartera de la Mujer, Isabel Plá; el jefe de asesores, Cristián Larroulet; y el Director Ejecutivo de la FJG, Jorge Jaraquemada.

A la hora de las preguntas, uno de los asistentes hizo la siguiente interrogante: “¿Cuáles serían los pilares para que el gobierno se proyecte por ocho o hasta doce años?”, a lo que Van Rysselberghe contestó: “Uno de los desafíos es desarrollar adecuadamente el gobierno. Hoy lo que debemos hacer es aprovechar la oportunidad y saber leer lo que las personas necesitan adecuadamente, porque Chile es un país que ha cambiado estos últimos 30 años… Tenemos cada vez un país más educado y por lo tanto cada vez más libre. Por eso vamos a tener el deber de leer cada necesidad de la gente”.

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Fuente: La Tercera, 07 de Diciembre de 2017

El director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, dijo recibir “con satisfacción que el gobierno argentino por fin haya acogido la pretensión no solo de la fundación, de la familia y de la UDI, sino también del Estado chileno”.

En el marco de la presentación del libro «50 años del Gremialismo, su influencia en la modernización chilena«, realizada en el memorial del extinto senador, Jaraquemada destacó “que por fin el gobierno argentino haya considerado toda esa argumentación que se hizo en esa sede (de la Corte Suprema) y haya retirado esa calidad (de refugiado), lo cual permite que una vez que esa decisión esté firme, se concrete la extradición”.

Recalcó que el caso ha tenido una serie de movimiento, como que se haya encontrado en México a Raúl Escobar Poblete, acusado de ser uno de los autores materiales del crimen, o las pistas de Palma Salamanca en Francia. “Son hechos que nos hacen estar optimistas respecto de este caso, que ha tenido una larga impunidad, finalmente traiga justicia, aunque la justicia no sea más que comparecer a los presuntos culpables para que respondan ante los tribunales nacionales”, concluyó.

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