Con extrañeza leí la columna del senador Latorre publicada ayer en este medio, en la que ridiculiza los argumentos que supuestamente yo sostuve en mi exposición ante la Comisión Mixta del proyecto de ley de identidad de género. Cabe hacer presente que, como Fundación Jaime Guzmán, siempre nos hemos mostrado contrarios a la idea de incorporar a menores de edad al proyecto. Sin embargo, jamás hemos ejemplificado o hemos dicho -como afirma el senador- “que el reconocimiento de la propia identidad de género genera un daño asimilable al tabaco o al alcohol”.

Nuestro argumento se basa en que si se reconoce este derecho por medio de una ley, este sería propio del derecho a la identidad, que es personalísimo e indelegable, incluso respecto de los padres. Por esa razón, la única forma en que una persona puede cambiar de sexo de forma libre sería alcanzando una autonomía plena, es decir, tomando una decisión luego de alcanzar la mayoría de edad.

En segundo lugar, efectivamente el proyecto adolece de vacíos legales graves que pueden implicar una vulneración del espíritu de la norma, pero jamás hicimos referencia, como afirma el senador, a exámenes médicos o enfermedades. Nuestra presentación fue exclusivamente jurídica y ese tema corresponde que lo diluciden expertos en medicina.

Si existe interés en conocer los argumentos que expusimos en la comisión, invitamos al senador a revisar nuevamente nuestra ponencia en la página del Senado. Si queremos tener un debate democrático, debemos partir por no faltar a la verdad respecto a los argumentos vertidos en el Congreso, especialmente, cuando provienen de quienes tienen una opinión diferente.

María Teresa Urrutia, La Tercera, Viernes 20 de Abril de 2018

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La abogado y asesora del Área Legislativa, María Teresa Urrutia, expuso hoy lunes 16 de abril en la Comisión Mixta de la Cámara del Senado por el proyecto de Ley de Identidad de Género.

La actividad se realizó en el marco del proceso de audiencias previo a la votación de la iniciativa. En la oportunidad fue acompañada por el Director del Área Legislativa, Diego Vicuña.

Según consignó Cooperativa, Urrutia señaló que la decisión de realizar un cambio de sexo no puede sino ser tomada únicamente por quien experimenta una disconformidad, entre su sexo biológico y registral, por lo que se requiere que la persona tenga mínimos necesarios de madurez y entendimiento, que solo la calidad de adulto puede asegurar.

Revisa la intervención completa haciendo click aquí.

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Luego de más de 4 años desde su ingreso al Congreso, el pasado martes 23 de enero, la Sala de la Cámara de Diputados despachó en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género. El proyecto tiene por objeto permitir que una persona, cuyo sexo biológico es incongruente con su identidad de género, pueda cambiar su sexo y nombre.

El presente documento, que analiza el estado del proyecto luego de su trámite en la Cámara, busca dar cuenta de las discusiones más importantes y los efectos jurídicos –muchos de ellos problemáticos a nuestro juicio- de perseverar con una legislación como la propuesta.

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Durante el primer trámite constitucional, en el Senado, el proyecto que reconoce y da protección a la identidad de género había moderado el alcance ideológico de su contenido. Sin embargo, luego de haber pasado a segundo trámite, el pasado miércoles 13 de diciembre, el Ejecutivo presentó 82 nuevas indicaciones que buscan llevar al extremo el sentido ideológico de la iniciativa.

Por ejemplo, el proyecto de ley aprobado por el Senado no permitía el cambio de nombre y sexo a los menores de edad. No obstante, las indicaciones buscan reincorporar el derecho a la identidad de género para todos los niños, sin importar su edad y sin considerar la opinión de los padres al respecto. Lo anterior no se condice con las cifras expuestas por la Sociedad Chilena de Endocrinología ante la Comisión de Derechos Humanos, en las que indicaba que cerca del 85 a 95% de los niños con Disforia de Género remite al llegar la pubertad.

Otra radicalización del proyecto se ve respecto del término del matrimonio. El proyecto aprobado por el Senado permitía el cambio de nombre y sexo para personas casadas, sin embargo, dicho cambio daba paso a un término exprés del matrimonio (por no existir el requisito esencial del matrimonio de la diferencia de sexos). Sin embargo, las indicaciones del Ejecutivo buscan que una persona casada sí pueda cambiar su sexo y, a la vez, decidir si pone fin al matrimonio o no. Lo anterior, indirectamente, se traduce en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ello demuestra la intención ideologizada de este proyecto puesto que agrega nuevas reivindicaciones del gobierno cuya discusión no pertenece a esta materia.

Además, el Ejecutivo busca cambios en materia de prueba de la identidad de género. El proyecto aprobado por el Senado exigía que la persona, al momento de presentar la solicitud de rectificación de nombre y sexo, presentara también una evaluación médica realizada por un experto calificado en la materia, con el objeto de determinar que el solicitante cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la solicitud. Sin embargo, las indicaciones del Gobierno eliminan este requisito.

Lo anterior es especialmente preocupante si consideramos que, luego de dicha eliminación, el proyecto entregará derechos sin que se exija prueba alguna de que la identidad de género se verifica, es decir, que efectivamente existe una “convicción personal e interna del género”. Lo anterior lleva a que la utilización fraudulenta del derecho a la identidad de género no pueda ser probada y, por lo tanto, no pueda penarse tampoco. Ello podría generar problemas de incerteza jurídica en distintos ámbitos: cumplimiento de ley de cuotas electorales, cobertura de salud, edad de jubilación, entrega de subsidios, entre otros.

En definitiva, las indicaciones del Ejecutivo, en su conjunto, se dirigen no sólo a reconocer el derecho a la identidad de género, sino que lo convierten en un “supra-derecho” que está, incluso, por sobre el legítimo ejercicio de derechos de terceros y que ni siquiera reconoce como límite el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Esto demuestra una intención del Gobierno de sentar bases ideológicas de forma tan extrema que un probable daño a la familia y a la infancia es sólo un daño colateral que se está dispuesto a soportar.

María Teresa Urrutia, El Líbero, 27 de Diciembre de 2017

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Ante la presentación de nueva urgencia e indicaciones al proyecto de Ley de Identidad de Género, es que el Director del Área Legislativa, Máximo Pavez; y la abogado y miembro del área, María Teresa Urrutia, expusieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Según consigna el sitio web de la cámara baja, en la oportunidad, la Fundación calificó como “muy defectuoso” al proyecto, pero estimó que, frente a la evidencia del trámite, esperan que se corrijan diversas materias allí contenidas, puntualizando en seis de ellas:

1. La definición de identidad de género.
2. La falta de exigencia de criterios objetivos que determinen que una persona efectivamente ya no se adscribe al sexo que posee de nacimiento.
3. La generación de situaciones de incertidumbre jurídica y afectación de derechos de terceros.
4. La no publicación en el Diario Oficial.
5. Discriminación arbitraria respecto de quienes cambian su nombre por otras razones.
6. La idea que los derechos que de esta ley emanan tienen como centro una convicción personal e interna.

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