Tal como se desprende de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional, prohibir la objeción de conciencia institucional vulnera nuestra Constitución. Es por ello que llama la atención el hecho de que el protocolo realizado por el gobierno de la Presidenta Bachelet restrinja, en la práctica, el ejercicio de este derecho, prohibiendo a las instituciones realizar contratos con el Estado en caso de ser objetoras. Lo que se quiso hacer, finalmente, fue obligar a las instituciones a no ser objetoras. Resulta preocupante que se intente forzar a las instituciones a realizar abortos, por el mero hecho de ejercer un derecho garantizado por la Constitución.

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En agosto del año pasado, quienes somos partidarios de la vida, sufrimos una gran derrota en el Tribunal Constitucional, a propósito del requerimiento que presentaron los parlamentarios de Chile Vamos, por el proyecto de ley que regulaba el aborto en tres causales. Finalmente, se falló que el aborto no es contrario a la Constitución.

Sin embargo, hubo un aspecto en el que el Tribunal falló a favor del requerimiento y que dice relación con la objeción de conciencia. Se determinó, expresamente, que no solo el médico tratante, como lo aprobó el Congreso, sino que todo el equipo médico, y las instituciones, sean públicas o privadas, podrían objetar realizar un aborto. Dentro de los argumentos esgrimidos, fundamentalmente, se hizo mención a que la objeción es una práctica que emana de la propia libertad de conciencia que garantiza la Constitución, y que las personas tienen convicciones que el Estado debe respetar.

Carlos Oyarzún, 12 de abril de 2017, Bío Bío TV

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