Las últimas semanas viene avanzando en la Cámara de Diputados un proyecto que —de convertirse en ley— establecerá una compensación o royalty, que las empresas mineras deberán pagar al Estado por la explotación de dichos recursos. Este nuevo tributo —que en la iniciativa original gravaba solo al cobre y al litio— afectaría a la industria de todos los minerales concesibles.

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La moción, ingresada originalmente en 2018, ha tenido estas últimas semanas un fuerte impulso, que culminó con su aprobación en la sala de la Cámara el pasado jueves 6 de mayo. Esta arremetida ha sido conducida principalmente por diputados de la izquierda, pero también por algunos oficialistas que ven una posibilidad de recaudar más recursos para sus regiones. Además de los fuertes vicios de constitucionalidad que posee —y que a estas alturas parecen no importarles a muchos parlamentarios— el proyecto ofrece mecanismos que están lejos de ser óptimos para lograr fines que sí son atendibles (como recaudar más para las regiones y para solventar los efectos de la pandemia).

Es justo y necesario debatir si nuestra tributación minera es la óptima, sobre todo en un contexto de necesidades sociales urgente y de altos precios del cobre. Pensar en maneras de recaudar más es clave, pero buscando no afectar la inversión y la producción, ambas a la baja los últimos 15 años. Lamentablemente, este proyecto no ha intentado siquiera ese equilibrio. Al contrario de lo que correspondería para una iniciativa de esta magnitud, que significaría un cambio estructural en la actividad económica más importante de Chile, se han evadido los estudios profundos y detallados, y se han preferido los slogans y las buenas intenciones. El resultado es un texto que —de ser aprobado— haría que nuestra carga tributaria minera doble la de nuestros países competidores, y volvería muchos proyectos insostenibles.

Con ánimo constructivo, la idea de este documento es informar y contribuir a un debate que es necesario, pero que se ha dado de manera apresurada y con poco respaldo técnico. Todo con el objeto de evitar que nuestro parlamento ofrezca —nuevamente— una mala política pública como si fuese la única opción posible.

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