Hace algunas semanas, en el seminario anual que organiza el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, manifestó que ojalá el Ministerio de Minería no fuera visto como un “premio de consuelo” o una “mención honrosa” por la próxima administración. Este mensaje no fue antojadizo y se fundamenta, principalmente, en la poca relevancia que ha tenido esa cartera ministerial en la concreción de políticas públicas en la materia, a pesar de que la minería representa un 10% del PIB nacional y de que somos el país con mayor participación en la producción mundial de cobre.

Aquella crítica a la intrascendencia de la cartera minera durante los últimos años tiene asidero, también, en la escasa cantidad de proyectos de ley presentados al Congreso Nacional y la ausencia de una mirada estratégica e integral del rubro, en especial si la comparamos con la pletórica agenda de energía que llevó adelante el ex ministro Máximo Pacheco, con sus positivos y mediáticos, resultados.

Mientras que en energía se lograron aprobar las leyes que modificaron y perfeccionaron el Ministerio de Energía, licitaciones eléctricas, ampliación del giro de Enap, franquicia tributaria para paneles solares térmicos, regulación del gas, reforma a la transmisión eléctrica, equidad tarifaria o el nuevo gobierno corporativo de Enap, en minería sólo se pudieron aprobar las leyes de capitalizaciones de Codelco (2014 y 2017), cierre de faenas mineras, mecanismo de estabilización del precio del cobre y la instauración del “Día de la Dignidad Nacional”, para conmemorar la nacionalización del metal rojo efectuada en 1971.

En este sentido, el nombramiento del senador por la Región de Atacama, Baldo Prokurica, como futuro ministro de Minería, fue una noticia bien recibida por el mundo minero. Esto, debido a que ha estado ligado desde hace más de 20 años a la minería, tanto como representante de una región minera, como por su participación en la Comisión de Minería de ambas cámaras del Congreso. De hecho, fue uno de los primeros parlamentarios en fiscalizar y denunciar muchas de las irregularidades que ocurrían en Codelco en los años ‘90. Con posterioridad, en su rol de senador, ha mantenido una línea coherente en sus propuestas de políticas públicas, especialmente en lo que respecta al tema de las fundiciones.

No es de extrañar, entonces, que el histórico dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), y actual miembro del Directorio de la cuprífera estatal, Raimundo Espinoza, manifestara que el senador Prokurica le da garantías en el tema minero, puesto que “él tiene el conocimiento del sector” y sería “el primer ministro que habla de temas particulares sobre Codelco”.

El próximo gobierno tiene una gran tarea por delante, poniendo énfasis en las propuestas comprometidas en su programa, pero además, concretando iniciativas que no pudieron llevarse a cabo en esta administración, las cuales resultan indispensables para el correcto desempeño del sector.

Es en esa línea que van las metas que se impuso el próximo gobierno en torno a la minería, las cuales, junto con la experiencia política y el bagaje legislativo del futuro ministro, auguran un escenario de mayor inversión, disminución de obstáculos burocráticos y certeza regulatoria.

Sebastián Sotelo, 06 de marzo de 2018, Revista Minería Chilena

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Lomas Bayas, Andina, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Los Pelambres, Ventanas, Ministro Hales, Caserones, Spence y Escondida, estas son solo algunas de las más de 30 negociaciones colectivas que vivirá el sector minero durante el 2018. Una situación bastante compleja, sobre todo teniendo presente el recuerdo de lo que han sido algunas negociaciones recientes que no llegaron a buen término, como la de Escondida a principios de año, con una huelga de 44 días que dejó una pérdida neta de casi 200 millones de dólares. O la negociación anticipada en Pelambres, la cual, luego de cinco semanas de conversaciones, culminó sin éxito.
Por otro lado, la reciente negociación en minera Centinela, que terminó con un bono de $14 millones para cada uno de sus poco más de 1.500 trabajadores, que están agrupados en 3 sindicatos, genera expectativas que pueden resultar un poco desmesuradas en un contexto económico de bajo precio del cobre, caída sostenida en la inversión e incertidumbre regulatoria. Contexto que ha sido la norma durante todo este gobierno, como lo demuestra que este 2017 habrán disminuido en un 40% las inversiones anunciadas el 2016.

Sebastián Sotelo, TV Bío-Bío, 04 de Enero de 2018

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Ya finalizada la elección presidencial, es posible apreciar que Chile eligió el progreso, el sentido de desarrollo y la optimización de las políticas públicas, para así mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Atrás quedó un diálogo marcado por un tono cáustico y confrontacional. Uno de los aspectos esenciales del discurso que devolvió a Chile Vamos la gestión del país -por los próximos cuatro años- fue precisamente el corazón de las preocupaciones de la clase media: el empleo.

Algo no menor cuando el desempleo ha aumentado de manera sustancial, afectando principalmente a la región de Antofagasta.  En efecto, el último boletín sobre empleo nacional elaborado por el INE, correspondiente al trimestre agosto-octubre, señala que la ocupación minera en el país llegó a 185 mil empleos, una disminución de un 8% en los últimos 12 meses, es decir, 15 mil empleos menos en solo un año, convirtiéndose en la cifra más baja desde enero del 2010, y muy lejos de los 261 mil empleos mineros que se llegaron a generar en septiembre del 2012.

Como si esto no fuera suficiente, Antofagasta lidera, por séptimo mes seguido, la tasa de desocupación regional, con un 8,7%, en circunstancias que el promedio nacional es de 6,7%.

Tal vez hubiese sido recomendable que este tipo de datos se encontrasen presentes al momento de elaborar el programa y la estrategia comunicacional de la frustrada candidatura presidencial de la Nueva Mayoría. En vez de eso, vimos que su prioridad no fue la creación de empleo ni retomar la senda del progreso, sino que continuar una serie de malas reformas estructurales y pésimas políticas públicas, las cuales distan por mucho de ser los incentivos que el país necesita.

Por otro lado, de acuerdo a un estudio recientemente publicado por la CEPAL, titulado “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2017” -el cual presenta y analiza las principales tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina- Chile tuvo una de las bajas más acentuadas de la región, con un 40,3% menos de IED que el año anterior.

Esto hace que, por segundo año consecutivo, el país muestre un retroceso en la materia, totalizando solo US$12.225 millones de dólares, el monto más bajo de los últimos diez años. Se debe tener presente que el 2015 la IED en Chile fue de US$20.469 millones. Además, dicho informe constata que las inversiones que fueron anunciadas en 2016 disminuyeron en casi un 40%, señalando también que la actividad minera «registró un marcado descenso en los últimos años» y que “la minería de cobre ha perdido dinamismo”.

Chile, en estas elecciones, decidió dejar atrás la continuidad de malas reformas estructurales y pésimas políticas públicas y optó por soluciones basadas en la evidencia y no en ideologías. El llamado entonces es a no olvidar las prioridades de la clase media y trabajar por un mejor país y una mejor región.

Sebastián Sotelo, El Mercurio de Antofagasta, 31 de Diciembre de 2017

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Finalizadas las elecciones presidenciales, la Región de Antofagasta pone el foco en la inversión minera y el accionar de las medidas propuestas para el próximo año.

En este sentido –y según consigna El Mercurio de Antofagasta en conversación con Sebastián Sotelo, miembro del Área Legislativa-  todas las medidas propuestas por el programa de Sebastián Piñera, algunas deberán tener prioridad y ser llevadas a cabo a la brevedad. Por ejemplo, la Comisión Asesora Presidencial que busca elaborar una Política Nacional de Minería para los próximos 30 años, debiera comenzar a funcionar durante los primeros 100 días de gobierno.

«Si tenemos en cuenta que la política de Energía 2050, elaborada por este gobierno, tomó más de un año de trabajo, una propuesta de tal envergadura en materia minera, que pretende una participación de los sectores público y privado además del mundo académico y de la sociedad civil, y que tendrá que hacerse cargo de desafíos claves como la innovación y el aumento de la productividad (que ha caído 16% en los últimos 15 años), requerirá de un tiempo no menor de desarrollo», afirmó.

Según Sotelo, «lo más importante (…) son las medidas tendientes a simplificar el marco regulatorio vigente, robusteciéndolo y eliminando cualquier posible discrecionalidad, de manera que, una vez concluidos todos los trámites sectoriales requeridos, la política no interfiera en decisiones que debieran ser única y exclusivamente técnicas».

En esa línea, adelantó que la propuesta de crear una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión -que tendrá entre sus objetivos buscar y atraer inversiones- será fundamental.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta

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