Según una estimación realizada en conjunto por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), el número de personas extranjeras residentes habituales en el país llegó a 1.251.225 al 31 de diciembre de 2018, de las cuales 646.128 corresponden a hombres y 605.097, a mujeres.

Cerca del 60% del total de personas migrantes tiene entre 20 y 39 años. Por su parte, los cinco países desde donde proviene la mayoría de ellas son Venezuela, con 288.233 personas; Perú, con 223.923; Haití, con 179.338; Colombia, con 146.582 personas, y Bolivia, con 107.346 personas.

Es evidente que nuestra institucionalidad, así como nuestra normativa migratoria requieren de cambios profundos y urgentes. Sin embargo, es imperioso no perder de vista la importancia de que exista un proceso migratorio ordenado, regular y seguro. Si esto no ocurre, los mayores perjudicados serán los migrantes, pues como lo hemos reflejado insistentemente esto sólo va a desmejorar la situación de los extranjeros, exponiéndolos a condiciones laborales miserables y precarias. A ello hay que sumar que, son de conocimiento público, los abusos, el hacinamiento y condiciones de habitabilidad cuestionables en las que hoy viven muchos foráneos. En la misma línea, el “turismo laboral” y demás modificaciones que incorporó el Senado al proyecto, terminarán agravando aún más la situación de los migrantes, por todas las razones que aquí hemos explicado latamente.

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El estudio de la ley de migraciones en el Congreso Nacional ha tenido muchas dificultades. Prueba de ello, es que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados –con los votos no oficialistas- aprobó una indicación que consagra el “Principio de no devolución”, texto que no contó con la venia del ejecutivo.

Luego de ello, se votaron dos artículos de gran importancia para la política migratoria. El primero, sobre “Acceso a la seguridad social y prestaciones de beneficio fiscal”, en que cualquier extranjero podrá recibir, desde el día de ingreso al país, beneficios financiados en su totalidad por el fisco, sin importar que no tenga su residencia definitiva en Chile.

El segundo, que trata la “Reunificación Familiar”, la cual quedó abierta para cualquier tipo de conviviente. Esto no se condice con los estándares internacionales, que exigen la acreditación de una relación con una persona que tenga efectos civiles equivalentes al Acuerdo de Unión Civil, para impedir la existencia de futuros fraudes migratorios.

Al parecer la oposición, al no poder consagrar el “Derecho a la Inmigración”, está haciendo todos los esfuerzos posibles para que, en los hechos, este derecho exista.

Hernán Valenzuela, El Mercurio de Antofagasta, 30 de julio de 2018

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