Según una estimación realizada en conjunto por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), el número de personas extranjeras residentes habituales en el país llegó a 1.251.225 al 31 de diciembre de 2018, de las cuales 646.128 corresponden a hombres y 605.097, a mujeres.
Cerca del 60% del total de personas migrantes tiene entre 20 y 39 años. Por su parte, los cinco países desde donde proviene la mayoría de ellas son Venezuela, con 288.233 personas; Perú, con 223.923; Haití, con 179.338; Colombia, con 146.582 personas, y Bolivia, con 107.346 personas.
Es evidente que nuestra institucionalidad, así como nuestra normativa migratoria requieren de cambios profundos y urgentes. Sin embargo, es imperioso no perder de vista la importancia de que exista un proceso migratorio ordenado, regular y seguro. Si esto no ocurre, los mayores perjudicados serán los migrantes, pues como lo hemos reflejado insistentemente esto sólo va a desmejorar la situación de los extranjeros, exponiéndolos a condiciones laborales miserables y precarias. A ello hay que sumar que, son de conocimiento público, los abusos, el hacinamiento y condiciones de habitabilidad cuestionables en las que hoy viven muchos foráneos. En la misma línea, el “turismo laboral” y demás modificaciones que incorporó el Senado al proyecto, terminarán agravando aún más la situación de los migrantes, por todas las razones que aquí hemos explicado latamente.
