Es necesario preguntarse hasta qué punto un mero proceso electoral permitirá que se descentralice el poder, como tanto se ha discutido. Es evidente que la actuación política de los parlamentarios y el Gobierno de la Nueva Mayoría se basa, principalmente, en buscar el control de espacios de poder político ante una inminente sensación de derrota, más que en crear las condiciones necesarias para que las autoridades regionales puedan contar con un marco normativo que le permita al Estado ejercer de la mejor manera posible su rol.
La discusión política al interior de la Nueva Mayoría se ha trasladado a la coyuntura legislativa en relación a los proyectos de elección de Intendentes (Gobernadores Regionales) y fortalecimiento de la regionalización (transferencia de competencias). A ratos, pareciera que la discusión en torno a la agenda de descentralización que propuso el Gobierno en su programa se ha reducido a un cálculo político, que ha desembocado en un trámite legislativo a todas luces improvisado y desprolijo.
En el caso de la elección de gobernadores regionales, parece un total despropósito pretender llevar a cabo el proceso electoral cuando aún no existe ni la ley que regula al órgano ni la que define cuáles serán sus competencias. ¿Qué harán, en concreto, los gobernadores regionales una vez electos? Eso nadie lo ha definido. Más aun, ni siquiera al interior del Gobierno existe una posición clara que permita tener certeza respecto de cuáles serán las atribuciones que tendrá esta autoridad, ni de cómo su elección popular efectivamente significa mayor descentralización.
La propuesta del Gobierno es celebrar las nuevas elecciones este año, lo que trae consecuencias democráticas poco deseables. En primer lugar, porque es desechada la celebración de primarias, debido a que el plazo legal para inscribirlas ya pasó, lo que implicará, además, que los candidatos serán definidos todos desde Santiago. Paradójico, por decir lo menos.
Por otra parte, se haría imposible la participación de candidatos independientes, debido a que apenas tendrían un plazo de 10 días para reunir las firmas, que dependiendo de la región podrían ser alrededor de 10.000, según lo que dijo el propio Servicio Electoral. Un verdadero veto a los independientes, lo que pugna con el principio constitucional de igualdad entre militantes e independientes en materia de presentación de candidaturas.
Además de lo anterior, de celebrarse las elecciones este año, tal como lo pretende la Nueva Mayoría, los gobernadores electos durarán apenas dos años y fracción en sus cargos, habida cuenta que lo que se pretende —en el fondo— es que sean elegidos en las elecciones municipales. ¿Qué puede hacer un gobernador regional en ese plazo? Sólo campaña para la próxima elección, con todas las consecuencias que ello implica.
Como si todo lo anterior fuera poco, la discusión se ha centrado sólo en si van a celebrarse las elecciones este año o más adelante, cuando todavía no existe certeza de cuáles serán las funciones y atribuciones de las nuevas autoridades regionales, lo que nos trae los peores recuerdos acerca de cómo los intereses políticos se anteponen al buen diseño de las políticas públicas, cosa que ha caracterizado a estos cuatro años de Gobierno. Es más, el procedimiento de transferencia de competencia que contemplaba anteriormente el proyecto de ley que fortalece la regionalización, quedó limitado a ciertas materias en la propuesta del Gobierno, muy distinto a lo que se había pensado inicialmente.
Es necesario preguntarse hasta qué punto un mero proceso electoral permitirá que se descentralice el poder, como tanto se ha discutido. Es evidente que la actuación política de los parlamentarios y el Gobierno de la Nueva Mayoría se basa, principalmente, en buscar el control de espacios de poder político ante una inminente sensación de derrota, más que en crear las condiciones necesarias para que las autoridades regionales puedan contar con un marco normativo que le permita al Estado ejercer de la mejor manera posible su rol.
