Apuntes Constitucionales

Con todos los cambios que se introdujeron a la regulación constitucional por parte de la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional, surgieron dudas de si, como en la Convención pasada, se fortalecía al Estado en su faceta empresarial. La verdad es que, en general, la regulación de la actividad estatal en la economía en el texto constitucional propuesto sigue la misma línea de la Constitución actual, que es restringirla, pero no prohibirla. A grandes rasgos, se establece un Estado empresario regulado, que, si es que logra superar la barrera de entrada para crear empresas, debe competir en igualdad de competencia con los privados.

La incorporación expresa de la objeción de conciencia dentro del texto propuesto por el Consejo Constitucional, en su artículo 16.23, ha provocado un intenso debate público.

Uno de los diagnósticos más transversales alcanzados durante el proceso constitucional en curso es la necesidad de contener el activismo judicial. Lo anterior, en medio de acusaciones por activismo ideológico de los jueces y de un sistema de salud en jaque debido a diversos fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que decidió actuar como tercera cámara del Congreso.

En el contexto de escasez hídrica actual, el régimen jurídico de las aguas ha dado mucho que hablar en nuestro país. Chile, por su diversidad geográfica, posee una de las reservas más grandes de agua dulce en el mundo, pero ha sido uno de los países más golpeados por la sequía.

Una de las novedades del anteproyecto de constitución elaborado por la Comisión Experta es la inclusión de un catálogo de deberes constitucionales. A diferencia de las obligaciones del Estado con los ciudadanos, los dispuestos por la Comisión se refieren a un conjunto de deberes que constriñen a todos los chilenos por igual. El objetivo del presente “Apunte Constitucional” es realizar una defensa del artículo sobre deberes constitucionales.

Este apunte constituye una continuación del ya publicado “Estado social vs. subsidiariedad: una aproximación”. A modo de guía para lo expuesto, es importante recordar que la subsidiariedad es un principio de ordenación social que vincula los esfuerzos estatales y privados respecto a la consecución del bien común. Así, el Estado debe permitir, por el natural deseo de asociatividad de las personas, y su vocación de solidaridad, que éstas sean las primeras llamadas a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad.

Uno de los puntos álgidos del debate, en el marco del proceso constitucional, es la mantención del principio de subsidiariedad. Ya durante la Convención Constitucional se observó, por parte de la izquierda, una fuerte intención de reemplazar el llamado Estado Subsidiario por uno Social, la que concretaron en el artículo primero.

A continuación, se presentan argumentos por los cuales los estudiantes universitarios deberían considerar la aprobación del borrador como una amenaza para ellos y sus universidades.

A continuación se analizarán 5 artículos de la propuesta de nueva constitución relacionados con materias que tendrán un impacto controversial, relevante y directo en aspectos relacionados con seguridad nacional, defensa, uso de la fuerza pública, instituciones de orden y seguridad

El Estado tiene un rol en la economía nacional y, más concretamente, en la realización de tareas necesarias para el bien común que revierten un cierto carácter económico: la minería, la salud, la educación, etc. Lamentablemente, la izquierda progresista ha logrado reducir el principio de subsidiariedad exclusivamente a esta dimensión, utilizándolo como “chivo expiatorio” para explicar las deficiencias estatales en lo que refiere a los llamados derechos sociales.

Del trabajo de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional surgen normas que nutrirán algunos de sus más importantes capítulos: el de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el de Buen Gobierno y Función Pública, el de Participación Democrática y el de Principios Constitucionales.

Lamentablemente, en su trabajo se manifestaron los mismos vicios que en el resto de la Convención: el ánimo refundacional, la soberbia y el desprecio por las recomendaciones de los expertos fueron caldo de cultivo para construir un régimen político que es un verdadero experimento institucional, con evidentes desequilibrios en la distribución del poder.

Sobre el capítulo de derechos fundamentales descansa gran parte de las expectativas de la ciudadanía en lo que respecta al proyecto de nueva constitución. Sin embargo, un análisis pausado del articulado aprobado por la Convención permite afirmar con precisión que esas expectativas no han sido correspondidas.

Si existía un aspecto muy claro, era que el desafío de la Convención Constitucional en la materia era proponer una forma de Estado capaz de resolver el problema de la descentralización. Sin embargo, el borrador ha utilizado este fundamento como justificación para experimentar fórmulas administrativas que se alejan diametralmente de la tradición jurídica de Chile y que, por otro lado, dan origen a una serie de otros problemas.

El peligro que implica la transgresión del principio de igualdad ante la ley y no discriminación para nuestro sistema institucional es inmenso. Las personas ya no serán consideradas por la legislación y los órganos estatales como iguales, sino que ciertas circunstancias particulares entrarán a actuar en favor de algunos chilenos contra otros, lo cual no solo generará altos niveles de incerteza jurídica, sino que además es algo inaceptable dentro de una institucionalidad democrática y de los estándares internacionales actuales.

La bancada de los ecoconstituyentes logró que se aprobaran artículos frutos del ecologismo radical, en que la naturaleza se personifica en Naturaleza, y toma preeminencia incluso por sobre las personas. Así, de una Constitución que buscaba un medioambiente sano desde una perspectiva antropocéntrica, se transita hacia una Carta Fundamental ecocentrista, que ve a las personas como un elemento prescindible dentro del ciclo de la Naturaleza, verdadero sujeto de derechos y eje central de la regulación.