Padecemos una aguda crisis en la educación escolar provocada por la decisión ideológica de migrar hacia un sistema que ha limitado la creación de nuevos proyectos educativos y que avasalla los derechos de los padres.
En un contexto de globalización y amplia difusión del comercio electrónico, donde Chile ha sido un entusiasta promotor del libre comercio desde su apertura unilateral hasta la suscripción de innumerables tratados, eliminar esta exención que beneficia a los usuarios finales —y no a comerciantes— no parece tener mucho sentido.
Este enfoque refleja la mentalidad de quienes gobiernan: privilegiar el control y diseño estatal de la actividad privada, en detrimento de la calidad, la innovación y la competencia.
Los decretos de escasez no resolverán por sí solos la crisis hídrica que nos agobia, no se hacen cargo de las verdaderas ineficiencias y menos si se pretende agilizar su tramitación evitando el control de legalidad.
La generación que nos gobierna —a pesar de su autoproclamada superioridad moral— dio un claro ejemplo de carecer de esa fibra el 2019 al propiciar “saltarse los torniquetes” del Metro. ¿Qué fue eso sino una flagrante evasión del pago de un servicio público? Pero aprovecharse de un cargo para defraudar recursos fiscales o de la posición que se ocupa para influir en decisiones, o confabularse con el competidor para repartirse el mercado, es solo parte del problema.
No basta perfeccionar las normas. Se requiere una fibra moral para arraigar una cultura de transparencia y probidad en la ciudadanía, y especialmente en el servicio público, porque detrás de las acciones que vulneran leyes hay voluntades que conscientemente traspasan esos límites. La generación que nos gobierna —a pesar de su autoproclamada superioridad moral— dio un claro ejemplo de carecer de esta fibra al propiciar “saltarse los torniquetes” del Metro, un flagrante llamado a evadir el pago de un servicio público.
Una república democrática sólo se sostendrá si las decisiones las toma la mayoría, pero con pleno respeto a las minorías y a las reglas del juego.
Las personas están haciendo un esfuerzo por mantenerse en sus planes privados, esperemos que el gobierno les tienda la mano y no los fuerce a perder la libertad de elegir entre Fonasa y aseguradoras privadas. Ojalá se haga cierta la consigna de la clase media protegida o nadie podrá reclamar que no lo vieron venir.
El Frente Amplio y el Partido Comunista padecen de un problema estructural: su zigzagueante relación con la violencia. La que, probablemente, los acompañará hasta el último día de su gobierno.
Ad portas de cumplir dos años de gobierno, el balance no es positivo. Chile clara y objetivamente no está mejor que cuando asumió Gabriel Boric. Pero, además, las expectativas que tenía la propia coalición gobernante al asumir —es decir, el derrumbe de los “30 años” impulsado por el octubrismo— parece estar quedando sin capacidad alguna de sostenerse en el tiempo como relato político.
El impulso conciliador y democrático que nos legaba el fallecido presidente parecía haber llegado hasta La Moneda, decían analistas y políticos con un atisbo esperanzador. Sin embargo, en nuestra opinión ese impulso solo llegó hasta las puertas de La Moneda, pero no logró anidar en su interior.
Esta elite tiene un solo gran objetivo: cambiar la Constitución de los generales. Y no cesarán en ello, aunque el país haya rechazado dos propuestas. Su objetivo está sobre las necesidades de la ciudadanía.
Es hora de que el ejecutivo abandone el eufemismo, y tome decisiones permanentes que permitan pasar de un estado de excepción a un Estado de derecho.
Ante la inminente llegada de la Reforma de Pensiones a la Sala de la Cámara de Diputados, han surgido diversas interpretaciones en torno al alcance de la votación en general.
Elevar los estándares de transparencia es imperativo, pues su falta abre camino expedito a la discrecionalidad e irresponsabilidad y éstas derivan fácilmente en arbitrariedad o simple corrupción.
