El gobierno ha anunciado el retiro de tres proyectos de ley –relacionados con educación– que fueron considerados clave por el gobierno anterior para mejorar la calidad de ésta. Más allá de cualquier consideración política, dicho acto adolece de serios reparos constitucionales, pues el retiro de proyectos de ley en trámite no está contemplado entre las facultades previstas por la Constitución para el poder ejecutivo.
