Ninguno de los argumentos dados en favor del matrimonio homosexual parece consistente. Negarse a la modificación legislativa para consagrarlo jurídicamente, no entraña discriminación alguna, toda vez que al no cumplir con los mismos fines que el matrimonio entre un hombre y una mujer, ni contribuir por igual al bien común de la sociedad, no puede recibir igual reconocimiento del Estado. Es más, la regulación del matrimonio homosexual no es exigida por el derecho internacional de los derechos humanos. Si lo que se pretende es resolver problemas de orden patrimonial, existen los mecanismos jurídicos para hacerlo sin alterar la esencia del matrimonio.
