Por Jorge Jaraquemada
Publicado en La Tercera, 25 de diciembre de 2021
Llama la atención que los diputados, unánimemente, busquen una fórmula para relevar de sus obligaciones como parlamentario al presidente electo. Si bien casos similares se han presentado en el pasado y es plausible que quien ha sido electo sea absorbido por la preparación para asumir sus nuevos deberes, la evolución en los estándares de probidad y transparencia de la última década nos indica que esa ya no es una solución adecuada.
En la experiencia internacional casos como éste se resuelven simplemente con la renuncia del involucrado al cargo que ejerce. En Chile no existe regulación al respecto, pero este es un tema referido fundamentalmente a la ética y elevar sus parámetros fue parte de la propuesta que el conglomerado del presidente electo enarboló en su irrupción política. Y una conducta guiada por la ética exige más que un comportamiento de estricto apego a las normas legales, como muchos parlamentarios han proclamado frente a situaciones concretas.
En 2019 el Consejo para la Transparencia propuso a los poderes del Estado un Acuerdo Nacional sobre Integridad Pública y Anticorrupción que, entre otros, tenía un capítulo sobre el Congreso. Esta propuesta fue bien recibida, pero no se tradujo en iniciativas de perfeccionamiento normativo. Tal vez sea el momento de volver a traerlo a colación.
