En el último tiempo nuestro país se ha consolidado como un territorio confiable para la recepción de personas desplazadas de sus países que solicitan refugio, en virtud de su estabilidad política, social y económica. Esta situación genera un desafío importante para Chile, no sólo como receptor de personas que han pasado por situaciones dramáticas que afectan su desarrollo e identidad personal y nacional, sino porque es del todo necesario contar con una legislación de protección que pueda distinguir entre las verdaderas víctimas y aquellas otras personas que se amparan en la solidaridad internacional para cobijar sus actividades criminales o terroristas.
