La consigna de una nueva Constitución ha encontrado un lugar importante dentro de las
demandas de los chilenos que hoy se están movilizando a lo largo del país, planteándose
por algunos como la gran solución a todos los problemas de la ciudadanía y que derivaron
en la crisis política y social que vivimos hoy como país. No obstante, cabe plantearse la
interrogante sobre hasta qué punto esta es una reclamación verdaderamente ciudadana,
o si bien se trata de una idea instalada por ciertos grupos políticos, pertenecientes a la
izquierda chilena, que buscan mediante una nueva Carta Política impulsar una agenda
ideológica, concordante con sus intereses propios.
Ante un cambio constitucional que ya está en curso, es necesario destacar ciertos
elementos de la Constitución vigente que han sido el “rayado de cancha” de nuestra vida
en sociedad en los últimos años y que, si bien han experimentado mutaciones importantes
–en especial con la reforma del año 2005, impulsada por el Presidente Lagos– han
mantenido en su esencia por ser concordantes con la naturaleza propia de las personas y
su desenvolvimiento en la comunidad.
Dentro de los principios inspiradores de la actual Carta Fundamental se encuentran la
dignidad y trascendencia de la persona, su igualdad y libertad, la servicialidad del Estado y
el reconocimiento y amparo de los grupos intermedios a través de los cuales se estructura
la sociedad. Estos conceptos, más allá de su teorización, representan una verdadera
voluntad del constituyente por promover una sociedad libre que otorgue a las personas
espacios de desarrollo material y espiritual. Adicionalmente, estos principios se concretan
en una serie de garantías, como lo son el derecho a la vida, el acceso a una serie de
prestaciones y la libre elección del sistema en que se quiere acceder a ellas, la libre
iniciativa económica y el derecho de propiedad. Todas son manifestaciones claras de la
autonomía de las personas, pudiendo escoger entre las distintas opciones que tanto las
entidades privadas como el Estado pueden ofrecerles, no viéndose coartadas por la
decisión que entes estatales tomen por ellas.
Asimismo, nuestra Constitución garantiza una institucionalidad sólida, pero no rígida,
logrando un justo equilibrio entre la necesaria adaptabilidad de las instituciones a los
cambios de la sociedad y la estabilidad de las mismas, resguardándolas de los vaivenes
propios del clima político.
El resguardo de estos principios, que constituyen el fundamento de una sociedad
verdaderamente libre, debe convertirse en uno de los ejes centrales en el debate
constitucional, en tanto son pilares esenciales de la democracia y el Estado de Derecho y,
por lo tanto, las garantías adecuadas de resguardo de la dignidad de las personas, la
fortaleza de las instituciones y el bien común.
La Tercera, 09 de diciembre de 2019
Diego Vicuña
Director Área Legislativa
Fundación Jaime Guzmán
