La regulación de los contenidos de la televisión no debiera limitar la libertad de programación de una manera arbitraria o irrazonable sino que debiera tender a la protección de ciertos valores consensuados socialmente en situaciones que estén suficientemente justificadas. Entre este mínimo debieran evitarse los agravios a la dignidad de las personas y generar espacios de protección de los menores de edad, en cuanto audiencias vulnerables. Esta regulación debiera ser complementada con un fomento creciente de herramientas de autorregulación y con la decidida aplicación de un programa de “educación de medios” que desarrolle en las audiencias suficiente capacidad crítica frente a los contenidos que la televisión le ofrece.
