Por Teresa Zañartu
Publicado en La Tercera, 06 de febrero de 2022
Las votaciones de la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional fueron verdaderamente alarmantes. Las víctimas fueron dos áreas claves para nuestro país: la minería y la agricultura. Por más que se intentó camuflar con frases pintorescas, el martes se aprobó en general la nacionalización -expropiación- de la minería y el jueves la de los derechos de aprovechamiento de agua, esenciales para la subsistencia de miles de agricultores (sin importar el “tamaño” de su industria).
Además de todos los riesgos de estas votaciones, que incluyen afectar la fuente de ingresos de millones de familias de nuestro país y ahuyentar la inversión extranjera, la decisión del martes es especialmente inaudita, pues el artículo 135 de la Constitución impide modificar las sentencias firmes y ejecutoriadas, cuestión mínima en cualquier estado de derecho, por lo demás. Todas las pertenencias mineras son justamente otorgadas a través de sentencias, por lo que la Comisión no ha ido solo en contra de nuestra historia reciente, sino que infringió flagrantemente nuestra norma fundamental que -aunque les pese a algunos- sigue vigente. Adicionalmente, Chile tiene la obligación de proteger los acuerdos internacionales previamente suscritos.
Esperamos -con más esperanza que realismo- que en la discusión en particular retrocedan estas iniciativas. Lo contrario solo irá haciendo realidad lo que advertimos hace un tiempo: que esta no será una Constitución “mínima ni liberal” como algunos soñaron, sino reivindicatoria, radicalizada y totalizante.
