Por Emiliano García, 26 de julio de 2021
Publicada en La Segunda
Recientemente la Convención Constitucional creo la Comisión de Derechos Humanos, Verdad histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. El objetivo de la Comisión, entre otras cosas, es “establecer una visión histórica para el establecimiento de los principios relativos al derecho a la verdad, justicia, memoria y reparación…”. No es novedad que ciertos sectores han querido utilizar la historia como un tapabocas político. Ha habido una obsesión por imponer a cómo dé lugar una verdad histórica: lo intentaron en 2020 con la ley de incitación al odio que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por vulnerar la libertad de expresión y, ahora, vía constituyente.
Establecer una suerte de verdad oficial acerca del pasado desde el poder constituyente contraviene el más elemental de los derechos: investigar la verdad con libertad. Supone vulnerar todo lo valioso y noble de las personas: sus recuerdos, memoria, sus creencias, legado familiar, entre otras cosas. ¿Quién puede arrogarse tanta superioridad moral para establecer verdades históricas incuestionables?
Por otro lado ¿Cómo pretenden hacer operativos estos objetivos? ¿Estableciendo una suerte de oficina administrativa de la verdad (o, en términos más novelescos, un “Ministerio de la Verdad”)? ¿Negarán el acceso a los archivos históricos, a las fuentes? Preguntas que parecen absurdas, pero son las necesarias.
Esperemos que la sociedad civil y políticos hagan frente a estos instrumentos mañosos que intentan dividir la sociedad en buenos y malos y que no hacen más que resucitar el odio entre chilenos.
