El Estado tiene un rol en la economía nacional y, más concretamente, en la realización de tareas necesarias para el bien común que revierten un cierto carácter económico: la minería, la salud, la educación, etc. Lamentablemente, la izquierda progresista ha logrado reducir el principio de subsidiariedad exclusivamente a esta dimensión, utilizándolo como “chivo expiatorio” para explicar las deficiencias estatales en lo que refiere a los llamados derechos sociales. De esta manera, la Convención Constitucional se aprovechó de esta ventaja para justificar medidas económicas intervencionistas que están presentes en el borrador, y que significan un gran riesgo para el país.
