Columnas

Durante la tarde del martes 15 de marzo, aproximadamente a las 19 horas local, el Pleno de la Convención Constitucional chilena aprobó en particular el aborto libre, sin fecha límite de gestación, para la propuesta de la nueva Carta Magna. Asimismo, ratificó la Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de que ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso previamente. Así, es dable constatar que la izquierda no se cansa de impulsar iniciativas que vulneren la dignidad humana, en especial de aquellos más indefensos: los que están por nacer y los niños.

Aunque los colectivos progresistas de la Convención insistan en afirmar que luchan por los derechos de las mujeres, lo cierto es que al aprobar el aborto libre hasta el noveno mes de embarazo y sin mandatar al legislador que establezca limitaciones, lo que hacen es transgredir gravemente el derecho a nacer que tiene todo ser humano.

Chile tiene Senado desde 1828. Pero la Convención lo está eliminando y reemplazando por un cuerpo legislativamente débil, más precario que la mayoría de sus similares europeos en Estados regionales y sistemas bicamerales.

Las autonomías territoriales y regionales avanzan a paso decisivo en la Convención Constitucional. No bastó con reconocer una pluralidad de sistemas de justicia, ahora el objetivo, fijado por la hábil mano de algunos escaños reservados y grupos regionalistas, es desintegrar el territorio bajo la máscara de la descentralización.

En la conmemoración de un nuevo 8M, colectivos feministas han llamado (siguiendo a la marxista Rosa Luxemburgo) a una nueva Huelga General. Este dato permite advertir que no es un día que represente a todas las mujeres.

Esta semana el Congreso Nacional despachó la reforma constitucional sobre renuncia y reemplazo de convencionales constituyentes. Si bien la norma aprobada, a diferencia del texto inicial, ya no contempla el reemplazo como lo exigía el Frente Amplio, cabe cuestionarse si su aprobación debe ser motivo de celebración.

Es relevante señalar que es discutible que la Constitución de 1980 haya obedecido a una mera idea refundacional, así como que haya recogido principalmente ideas foráneas, como parece sugerir el columnista. A

Para apaciguar el estallido violento que amenazó a nuestro país a fines de 2019, surgió la idea de establecer un gran acuerdo por una nueva Constitución que, se nos prometió con insistencia, permitiría dejar atrás la amenaza de una violencia persistente que tendría evidentes efectos económicos y sociales en el país. La nueva Constitución sería un pacto de unidad para superar los conflictos que se habían instalado en Chile y para construir una “casa de todos”.

Corría 2019 y Chile se preparaba para recibir a los presidentes de las naciones más desarrolladas del planeta para discutir sobre cambio climático (COP 25) y cooperación económica (APEC). Ambos foros debieron suspenderse por el estallido violento que amenazó a nuestro país.

Primero se nos dijo que “todo se arreglará en el Pleno”. Luego: “todo se arregla en la votación en particular”. Ahora nos dirán que “todo puede arreglarse en el segundo informe de comisión”.

La igualdad ante la ley y el acceso a una justicia imparcial, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones arbitrarias, son elementos básicos de todo Estado de derecho. Sin embargo, pareciera que esto —de lo más elemental— es invisible a los ojos de algunos constituyentes.

Las votaciones de la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional fueron verdaderamente alarmantes. Las víctimas fueron dos áreas claves para nuestro país: la minería y la agricultura.

No dejan de llamar la atención las constantes contradicciones dentro de la izquierda, en especial en lo relativo al proyecto de amnistía para los “presos del estallido”.

Mientras el país parece más preocupado de los gustos culinarios y musicales del Presidente electo y de las gracias de su mascota, la Convención Constitucional ha avanzado en el contenido de las primeras normas constitucionales. ¡Y vaya que ha sorprendido, aunque para peor!

Tal vez sea pesimista, pero ante tanto entusiasmo con la designación de Marcel en Hacienda, hay que precisar que no es incompatible mantener los equilibrios macroeconómicos y la responsabilidad fiscal, al menos en un primer momento, con la intervención estatal en los mercados.