Nuevas exigencias salariales por parte del Colegio de Profesores, enfrentadas al estancamiento de la calidad educacional chilena, incentivan un cuestionamiento legítimo de las demandas docentes. La realidad nacional impide despilfarrar recursos que no generen una utilidad social significativa, por lo que se hace necesario replantear la posición del Estado frente a las presiones gremiales del sector educacional.
