La propuesta constitucional acaba de adoptar su forma definitiva luego que las comisiones de normas transitorias y de armonización plantearan al Pleno de la Convención Constitucional sus sugerencias y éste se pronunciara, en definitiva. En todo caso, estas instancias no salvaron ninguna de las inquietudes que, a juicio nuestro, posee el borrador con relación a los temas más cruciales y polémicos.
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Después del triunfo en las elecciones presidenciales de diciembre, Gabriel Boric se dedicó a cargar de símbolos cada una de sus apariciones en público. Cada vez que el joven presidente, entonces electo, intervenía en algún medio, las expectativas subían y no por casualidad.
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La deliberación constitucional optó por sustraer de la Carta Fundamental el concepto de superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema respecto de todos los tribunales de la nación, para entregarle potestades absolutas e imposibles de revisar a un nuevo órgano: el Consejo de la Justicia.
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El pasado miércoles 22 de junio, se dio a conocer que el cargo de “Primera Dama” se cambió y personalizó con el nombre de la novia de Gabriel Boric, es decir, se pasó a llamar “Irina Karamanos”. Sin embargo, a las pocas horas y tras innumerables críticas, la vocera de gobierno sostuvo que se trataba de un “un error administrativo no visado”.
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En su columna del domingo, Daniel Matamala afirma –con apresurada seguridad- que Jaime Guzmán, al oponerse a que las mujeres aborten, en lugar de ser provida sería misógino. Sin embargo, a continuación del fragmento que rescata el columnista desde la Comisión Ortúzar (sesión 87, 1974), el propio Guzmán justifica su rechazo al aborto desde una cosmovisión cristiana.
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El Estado tiene un rol en la economía nacional y, más concretamente, en la realización de tareas necesarias para el bien común que revierten un cierto carácter económico: la minería, la salud, la educación, etc. Lamentablemente, la izquierda progresista ha logrado reducir el principio de subsidiariedad exclusivamente a esta dimensión, utilizándolo como “chivo expiatorio” para explicar las deficiencias estatales en lo que refiere a los llamados derechos sociales.
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Del trabajo de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional surgen normas que nutrirán algunos de sus más importantes capítulos: el de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el de Buen Gobierno y Función Pública, el de Participación Democrática y el de Principios Constitucionales.
Lamentablemente, en su trabajo se manifestaron los mismos vicios que en el resto de la Convención: el ánimo refundacional, la soberbia y el desprecio por las recomendaciones de los expertos fueron caldo de cultivo para construir un régimen político que es un verdadero experimento institucional, con evidentes desequilibrios en la distribución del poder.
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Luego de una primera vuelta realizada el 29 de mayo del presente año, y al no alcanzar ningún candidato la mayoría necesaria para obtener el triunfo, se desarrollará una segunda vuelta el 19 de junio entre los candidatos Gustavo Petro,
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Sobre el capítulo de derechos fundamentales descansa gran parte de las expectativas de la ciudadanía en lo que respecta al proyecto de nueva constitución. Sin embargo, un análisis pausado del articulado aprobado por la Convención permite afirmar con precisión que esas expectativas no han sido correspondidas.
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El Gobierno ha insistido —y se ha estancado—en su disposición a dialogar en el conflicto de La Araucanía, incluso con grupos armados que no se sienten parte de nuestro Estado y que tampoco consideran el plurinacionalismo plasmado en el borrador constitucional como un avance en caso de que se apruebe.
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