Por Jorge Jaraquemada
Publicado en El Líbero, 03 de marzo de 2022
Para apaciguar el estallido violento que amenazó a nuestro país a fines de 2019, surgió la idea de establecer un gran acuerdo por una nueva Constitución que, se nos prometió con insistencia, permitiría dejar atrás la amenaza de una violencia persistente que tendría evidentes efectos económicos y sociales en el país. La nueva Constitución sería un pacto de unidad para superar los conflictos que se habían instalado en Chile y para construir una “casa de todos”.
Dos años después esa promesa se ha diluido completamente. Nada parece quedar de ella si se siguen con atención las deliberaciones de la Convención Constitucional a la que ese pacto dio sustento. Más que una “casa de todos” lo que parece estar en construcción es la “casa de los espíritus”, parafraseando a la escritora Isabel Allende. El desafortunado diseño de la Convención, producto de la presión de la calle y del temor o entusiasmo (¡vaya uno a saber!) de una buena cuota de parlamentarios, generó un sistema de elecciones que favoreció a los grupos más radicales. Estos sectores se han embriagado con la hegemonía que obtuvieron en la Convención y pretenden imponerle al país sus anhelos más íntimos como normas constitucionales.
Un ejemplo. El ejercicio de la jurisdicción por los tribunales estará regido, entre otros, por el principio de pluralismo jurídico, esto significa que a los pueblos indígenas se les reconocerán estatutos jurídicos especiales, es decir, tendrán sus leyes propias de acuerdo a sus costumbres. En simple, un chileno y un indígena no serán juzgados por la misma vara. El indígena tendrá privilegios muy concretos: si hay que imponerle una sanción habrá que privilegiar un castigo que no implique cárcel. Con esto la igualdad ante la ley y la igualdad política, fundamentales para cualquier democracia, se diluyen hasta esfumarse. Pero además los tribunales estarán obligados a adoptar en sus decisiones jurisdiccionales un enfoque de género. La aplicación práctica de este criterio implicará que los hombres y las mujeres serán juzgados con una vara distinta. Imagine usted las consecuencias que esto podría tener en el ámbito del derecho de familia.
Adicionalmente, muchos de esos anhelos parecen las divagaciones de mentes ajenas a la realidad nacional, incluso un poco afiebradas. Una campaña de desprestigio no podría superar la creatividad desenfrenada que proviene desde la propia Convención, pues de todas las normas aprobadas hasta ahora por el pleno, y aunque incluyéramos aquellas que aún están bajo deliberación en las comisiones, no se avizora ninguna que perfeccione o modernice las normas de la Constitución vigente. Y recuérdese que los principios, instituciones y normas de la actual Constitución son los que permitieron, en buena medida, lograr el nivel de desarrollo económico y social que exhibe nuestro país actualmente, mismo que ha sido reconocido internacionalmente.
Otro ejemplo. Al discutirse en la comisión de medio ambiente la propuesta de nacionalizar (estatizar más bien) la minería, la gran mayoría de convencionales que apoyó esta moción ha recurrido a dos posiciones argumentales. Unos dicen que el Estado es quien debe explotar preferentemente los recursos naturales y otros -casi tantos como los anteriores- señalan que, más allá de la propiedad, Chile debe renunciar al “extractivismo” y con ello a la minería. Imaginará usted el “pequeño” descalabro económico que se ocasionaría si primara esta última posición, sobre todo ante la consagración constitucional de una miríada de derechos sociales que se vaticina y la consabida marejada de demandas sociales que traerían aparejados.
Si estos “avances” de verano de la Convención Constitucional se siguen multiplicando y extendiendo a las distintas instituciones políticas y económicas, los resultados serán deplorables para nuestro país y para el modelo de desarrollo que dejó atrás la pobreza, que modernizó el país y que tan vapuleado ha sido por los principales arquitectos de la nueva Constitución. Si una propuesta constitucional así se propone al país y es aprobada, probablemente estemos ante el fin del país tal y como lo conocemos. Y, en el mejor de los casos, nos pasaremos la siguiente década modificándola para intentar recomponer principios y normas básicas con las que ahora se está haciendo tabla rasa.
