Ante el creciente fenómeno de la delincuencia en nuestro país, algunos parlamentarios han propuesto la creación de una defensoría de las víctimas. Lo que se pretende es que el estado proporcione defensa penal a los que, habiendo sufrido algún delito, no puedan procurársela por sí mismos. Aunque la intención es destacable, no parece adecuado –ni desde un punto de vista jurídico ni político– crear un nuevo organismo público, sino más bien mejorar la institucionalidad vigente.
