Hasta la comisión del Senado llegó este lunes 12 de diciembre, Max Pavez, abogado y Director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán para exponer sobre proyecto, impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet. que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embrazo por tres casuales.
En su exposición Pavez explicó sus consideraciones y la inconstitucionalidad de las tres causales que la iniciativa contempla: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de una violación.
“Este proyecto no es un proyecto de salud pública y no pasa los estándares del Tribunal Constitucional”, comenzó recalcando el abogado Máximo Pavez.
Para Pavez la propuesta es ambigua en el riesgo de la vida de la madre debido a que no distingue sí para conseguir el fin se actúa directamente contra el feto, matándolo, o de algún modo indirecto cuya consecuencia negativa —no querida pero inevitable— sea la muerte del feto“.
Otro factor a mencionar es la inviabilidad fetal, donde este asegura que “la Corte Suprema ha dicho que el que está por nacer- cualquiera que sea la etapa de su desarrollo pre natal- tiene derecho a la vida, a nacer, a constituirse como persona, con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce, sin que su respecto opere ninguna discriminación”
el abogado considera que “lo que hace el proyecto es establecer un criterio arbitrario”, es decir, “que hay personas que tienen dignidad y protección al derecho a la vida, y hay otras que no la van a tener”.
Con respecto al criterio de producto de una violación plantea que “Hay una categoría de personas que están concebidas con cariño y otras personas que están concebidas con violencia, entonces las que están concebidas con violencia no merecerían la tutela constitucional del derecho a la vida“.
Por último Pavez es categórico en mencionar que “lo más grave son los errores de diagnóstico, pues este proyecto no permite distinguir cuales son las patologías inviables con la vida y está absolutamente abierto a la interpretación del médico. El proyecto no entrega ninguna certeza”.
Ademas, ” es inconstitucional que algunas personas puedan acudir a la objeción de conciencia y otras no. ¿Por qué la enfermera no podría hacer objeción de conciencia y el médico sí? Esta es otra arbitrariedad”.