Los últimos temporales ocurridos en el norte del país han dejado en evidencia la falta de una institucionalidad adecuada para hacer frente a este tipo de catástrofes, tan comunes en Chile. No obstante, un proyecto de ley surgido con posterioridad al terremoto de 2010, y que mejora esta falencia, se encontraba detenido por no ser prioritario. Es posible preguntarse si la actual crisis y el desprestigio por el que pasa la clase política en general no se deba sólo a la forma de financiar la actividad, sino también a la manifiesta desconexión con las necesidades reales de las personas.
