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Estas execrables prácticas solo permiten acercarnos a aquello que muchos advertimos al comienzo de todo este proceso: se trata de una mentira, de una gran farsa, de una titánica conspiración.

No debería sorprendernos que la desafección a la deliberación racional y el diálogo se sigan manifestando en la Convención, poniendo en jaque la libertad de expresión. Hay sectores radicales que intentan atribuirse una superioridad moral que termina siendo despótica al imponer la censura y la cancelación de quienes disienten de su particular visión del mundo.

Es la nación y no el pueblo, en quien reside la soberanía, pues así lo establece la Carta Fundamental vigente en su artículo 5. La Convención es un órgano constituido con un mandato preciso: elaborar una propuesta de nueva Constitución.

Resulta preocupante que el órgano llamado a redactar la norma fundamental que limita el poder del Estado en resguardo de los derechos de la ciudadanía se exceda en sus atribuciones, poniendo en jaque uno de los derechos más esenciales para el pluralismo y la convivencia democrática.

 La polarización empujada por las izquierdas radicales nos ha alejado de una sana democracia que nos permita dialogar en las mismas claves.

Los intentos de algunos constituyentes por acometer y pronunciarse sobre todo tipo de tareas y asuntos, atribuirse competencias que claramente no tienen e insistir majaderamente en sentirse depositarios de una soberanía que no les pertenece no tiene ni asidero ni destino.

Después de meses de revuelta, manifestaciones incendiarias e intentos de salida, enfrentamos una nueva elite despótica, que se arroga competencias, poder y verdad. Esto requiere que la recomposición de los partidos sea una tarea fundamental. A fin de cuentas, la ciudadanía ya ha dado muestras de que puede cancelar abruptamente la línea de crédito que estuvo dispuesta a entregar a sus representantes.