Fundación Jaime Guzmán

El hecho de que la violencia sea un problema sociopolítico la convierte en un problema de todos, principalmente de quienes aspiran a dirigir el país y de su compromiso para aislarla, porque si de algo se trata la democracia es precisamente de marginar la violencia como mecanismo válido de expresión.

En definitiva, la Lista del Pueblo se constituyó como una colectividad horizontal de inspiración marxista para diferenciarse de los partidos políticos y sus vicios. No obstante, demostró la peor cara de la política. Censuras, mentiras y fraudes han sido la tónica de este colectivo que no pasó agosto, el último mes de invierno en el hemisferio sur.

Estas execrables prácticas solo permiten acercarnos a aquello que muchos advertimos al comienzo de todo este proceso: se trata de una mentira, de una gran farsa, de una titánica conspiración.

No debería sorprendernos que la desafección a la deliberación racional y el diálogo se sigan manifestando en la Convención, poniendo en jaque la libertad de expresión. Hay sectores radicales que intentan atribuirse una superioridad moral que termina siendo despótica al imponer la censura y la cancelación de quienes disienten de su particular visión del mundo.

Es la nación y no el pueblo, en quien reside la soberanía, pues así lo establece la Carta Fundamental vigente en su artículo 5. La Convención es un órgano constituido con un mandato preciso: elaborar una propuesta de nueva Constitución.

Resulta preocupante que el órgano llamado a redactar la norma fundamental que limita el poder del Estado en resguardo de los derechos de la ciudadanía se exceda en sus atribuciones, poniendo en jaque uno de los derechos más esenciales para el pluralismo y la convivencia democrática.

 La polarización empujada por las izquierdas radicales nos ha alejado de una sana democracia que nos permita dialogar en las mismas claves.