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 La polarización empujada por las izquierdas radicales nos ha alejado de una sana democracia que nos permita dialogar en las mismas claves.

Los intentos de algunos constituyentes por acometer y pronunciarse sobre todo tipo de tareas y asuntos, atribuirse competencias que claramente no tienen e insistir majaderamente en sentirse depositarios de una soberanía que no les pertenece no tiene ni asidero ni destino.

Después de meses de revuelta, manifestaciones incendiarias e intentos de salida, enfrentamos una nueva elite despótica, que se arroga competencias, poder y verdad. Esto requiere que la recomposición de los partidos sea una tarea fundamental. A fin de cuentas, la ciudadanía ya ha dado muestras de que puede cancelar abruptamente la línea de crédito que estuvo dispuesta a entregar a sus representantes.

Establecer una suerte de verdad oficial acerca del pasado desde el poder constituyente contraviene el más elemental de los derechos: investigar la verdad con libertad. Supone vulnerar todo lo valioso y noble de las personas: sus recuerdos, memoria, sus creencias, legado familiar, entre otras cosas. ¿Quién puede arrogarse tanta superioridad moral para establecer verdades históricas incuestionables?