Los avances médicos han permitido no sólo otorgar mejores niveles de salud, sino también alargar la vida de las personas. Esta posibilidad, en sí misma positiva, plantea algunas interrogantes éticas y políticas, tal como en los casos de enfermedades terminales y dolorosas. Una de ellas es la posibilidad de legalizar la eutanasia.
Más allá de los argumentos de consigna que abundan, se hace necesario reflexionar sobre los límites de la autonomía de la voluntad, cómo afecta el horizonte de la actividad médica el dar la muerte a un paciente, pero además es imposible no detenerse a pensar si efectivamente la vida humana, bajo ciertas condiciones, no vale la pena y pierde sentido y valor.
Se debe señalar que ante una enfermedad terminal existen los cuidados paliativos que es un derecho de los pacientes a recibir una atención integral, que alivie el dolor. Sin embargo, se ha construido toda una apología sobre la devaluación de la vida y la dignidad humana en su fase terminal. Si no fuese así, se podría intentar al menos indagar en otras formas de acompañar al enfermo sin causarle la muerte. Una cosa es no realizar tratamientos que el paciente no quiere, y otra muy distinta es actuar contra la buena praxis médica. Este proyecto de ley buscará además incluir a menores de edad.
Frente al enorme consenso en torno a la protección de los derechos humanos y la condena a toda forma de conculcación por terceros (no a la pena de muerte, no a la tortura, no al abuso de mujeres y menores) resulta contradictorio, insensato, y sobre todo un retroceso el promover la eutanasia.
