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No cabe duda de que el proceso constituyente chileno ha tomado banderas radicales. Se han aprobado artículos que debilitan la independencia del Poder Judicial, la propiedad privada, el necesario contrapeso entre el parlamento y el presidente, otros que -desde un indigenismo extremo- dividirán más al país y acumularán incertidumbre a la vez que ahuyentarán las inversiones.

Hace unos días sucedió el incidente más bochornoso de los varios que ha brindado el tortuoso derrotero transitado por la Convención Constitucional. El Pleno rechazó completamente el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico y, como respuesta, los “colectivos” que propician una Eco-Constitución, sin pudor ni vergüenza, denunciaron a los constituyentes socialistas de haberlos traicionado y dieron a conocer sus nombres uno a uno ante la prensa para que respondieran de su decisión.

Bajo el eslogan de «Sistema de Salud Universal» el Gobierno y la Convención Constitucional intentan impulsar, una vez más, una agenda en que prima la ideología por sobre la salud de las personas.

Desde octubre de 2019, los niveles de conflictividad política en Chile han ido escalando dramáticamente. Y si bien, en los dos años de pandemia se vio un supuesto “suspenso”, la intensidad del conflicto no ha declinado.

Que aún no está el texto final, que debemos confiar en que se llegará a acuerdos entre los diferentes ‘colectivos’, que cualquier texto sería mejor que una Constitución escrita por cuatro generales, que la gente está mal informada, que se debe comunicar mejor el trabajo que llevan a cabo los constituyentes, que, en fin, las causas del desprestigio en que ha caído la Convención Constitucional son absolutamente exógenas a ella. Detrás de todas estas justificaciones se encuentra una realidad cada vez más evidente: la Convención fracasó.